Úrculo encomienda el 'caso Sóller' a la fiscalía especial anticorrupción

El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, ha determinado que la fiscalía especial anticorrupción asuma el control del caso Sóller cuando el juez ya ha dado por concluida la investigación y la fiscalía debe decidir si se acusa a la anterior cúpula del PP balear o pide que se archive el caso. Este es uno de los tres asuntos penales que se instruyen en él Tribunal Superior de Baleares que atañen al partido del Gobierno balear.

Durante año y medio, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía de Baleares se han ocupado del caso, centrado en el escándalo de presunta corrupción política que desencadenó la dimisión forzada, en julio de 1995, de Gabriel Cañellas como presidente del Gobierno balear y del PP. Cañellas y varios de sus consejeros están imputados en sendos delitos de prevaricación continuada y cohecho.En dos ocasiones, durante la instrucción, la fiscalía de Baleares intentó que la fiscalía especial encabezada por Carlos Jiménez Villarejo asumiera la compleja investigación del caso Sóller. Pese a la opinión favorable de Jiménez Villarejo, el ala conservadora mayoritaria del Consejo Fiscal rechazó englobar el caso en su relación de asuntos. En las últimas semanas, entre los fiscales de Baleares existían posiciones favorables al archivo del caso por prescripción.

El magistrado del Tribunal Superior Juan López Gayá culminó el pasado martes la instrucción de las diligencias acerca del presunto cobro de comisiones ilegales por el PP tras la adjudicación de las obras y la explotación del túnel de peaje de Sóller, Mallorca, en 1988. Este asunto se destapó cuando la Policía Judicial, al investigar en el verano de 1994 la contabilidad de la concesionaria del túnel -involucrada en una quiebra-, detectó un presunto manejo irregular de fondos.

Decisión política

Posteriormente, IU presentó una acción penal contra Cañellas y el Gobierno balear. El letrado Jaime Bueno, representante de IU, tachó ayer de "decisión política" la intervención final de la Fiscalía General y recordó que su formación reclamó, sin ser oída, la actuación de los fiscales anticorrupción en los diferentes asuntos judiciales referidos al PP en Baleares.

Unos cuarenta millones de pesetas desviados de la empresa el túnel fueron destinados, presuntamente, a la financiación de las campañas electorales y al funcionamiento de las sedes insulares del PP. Facturas pagadas a suministradores electorales y giros bancarios en as cuentas oficiales del PP obran en la causa. La fundación privada Illes Balears, que reside y gestiona Gabriel Cañellas, ingresó paralelamente entre 1,5 y seis millones de pesetas del túnel como donación anónima. Esta institución ha acumulado 1.200 millones de pesetas procedentes de aportaciones de financieros y firmas con sede en Baleares.

El empresario que fue beneficiario de la concesión pública del túnel y está imputado como pagador de las dádivas, Antonio Cuart, es socio privado de Cañellas en la patrimonial Salinera Española, sociedad en la ambos fueron consejeros simultáneamente. Cuart y Cañellas mantuvieron contactos antes de hacerse pública la convocatoria de la licitación. A su vez, el Gobierno balear encargó las bases del concurso a un socio de Cuart.

El auto que dictó el juez López Gayá al finalizar la instrucción es el preliminar de la apertura de un juicio oral o del archivo de la causa por sobreseimiento, tras las calificaciones que emitirán las partes personadas. Inicialmente, la fiscalía anticorrupción formulará sus conclusiones a partir del informe que realizará el fiscal del caso, Juan Carrau.

El túnel bajo la sierra de Tramontana que separa Palma de Sóller es la mayor obra de infraestructura viaria de Baleares, un proyecto encomendado a la iniciativa privada que arrastra seis años de retraso. La explotación del túnel en 28 años de concesión ha de generar ingresos por peaje de 50.000 millones de pesetas.