La recogida selectiva de residuos urbanos e industriales será obligatoria antes del 2001

En países más adelantados y sensibles a la protección del entorno ambiental, las basuras de la casa no se depositan en una sola bolsa. Tampoco los escombros y vertederos descontrolados anuncian la proximidad de las poblaciones, como es habitual en España. Los desechos de la comida se vierten a un saco, el papel a otro, el vidrio a otro... hacen una recogida selectiva de los residuos urbanos e industriales, lo mismo que pretende la Ley de Residuos: que esta práctica sea habitual y obligatoria antes del año 2001 en los municipios españoles, con más de 5.000 habitantes.

En una respuesta parlamentaria reciente, el Gobierno reconocía que de los 8.000 municipios existentes en España, más de la mitad (4.674), vertían los residuos en vertederos sin ningún control, sin medidas correctoras para evitar la contaminación de suelos acuíferos o la atmósfera. Este abandono se manifiesta en municipios grandes, como el de Madrid con Las Cárcavas o el de La Coruña con el de Bens, afectado por un derrumbamiento al mar.La anterior Administración socialista preparó un borrador de Ley Básica de Residuos para instaurar una reglamentación sobre su gestión, incentivar la rerducción en origen y dar prioridad a su reciclado o usos secundarios (valorización), en la línea de las directivas comunitarias.

A los cinco meses de su toma de posesión, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, ha sacado del archivo ese documento y tras hacerle algunos retoques, ha enviado copia a las comunidades autónomas, responsables con los ayuntamientos de la competencia sobre residuos.Sanciones

El documento regula, además de la separación de residuos, las actividades de los productores, su comercialización, traslado, importación y posesión. Introduce el control de los procesos de autoeliminación y un régimen de sanciones que, en el caso de las muy graves, como el abandono de un vertido incontrolado, puede suponer multas de hasta 200 millones de pesetas y la inhabilitación durante 10 años para ejercer la actividad sancionada. Tanto las comunidades autónomas como los municipios deberán tener en cuenta en su red viaria y los planes de urbanismo la ubicación de los equipos contenedores de residuos selectivos y su diseño, de modo que se facilite la entrega y recogida.

Para financiar las inversiones, la ley contempla la creación de un Fondo Ambiental de residuos de ámbito nacional, que estará dotado con los ingresos de un impuesto especial indirecto sobre residuos que gravará cualquiera de las operaciones de su eliminación.

El proyecto de ley establece que las comunidades autónomas deben hacer un inventario de los suelos contaminados y comunicar a sus dueños las tareas para regenerarlos. Si cambian de propiedad, estarán obligados a declararlo con una anotación marginal en el Registro de la Propiedad. Estas normas sobre responsabilidad administrativa -sin ninguna excepción en el proyecto del PSOE- quedan sin aplicación en el nuevo texto para aquellos "propietarios legítimos de suelo contaminado, destinado exclusivamente a usos particulares con fines no lucrativos y sin carácter profesional".

Medio Ambiente también ha rebajado la posibilidad de que la opinión pública tenga acceso a conocer los agentes contaminantes. Según Cristina Narbona, ex secretaria de Estado de Medio Ambiente, en el borrador del PSOE se contemplaba levantar la confidencialidad, el secreto sobre los fabricantes de productos industria les peligrosos, tal como ocurre en Estados Unidos, donde la Administración ofrece regular mente el listado de las industrias productoras de elementos nocivos, así como el volumen de su producción. En España, esta lista se limitará a recoger "las actividades potencialmente contaminadoras, sin especificar quién las produce ni en qué cuantía".

Este secretismo se consagra en el caso de los expedientes abiertos por infracciones. "Las partes no desvelarán voluntariamente ni serán requeridas a desvelar ninguna comunicación suministrada con carácter confidencial, a menos que se concierte por escrito y la información ya hubiera sido hecha pública". Por si no fueran suficientes estas medidas , advierte la ley que "ninguna comunicación que sea revelada violando lo anterior será admisible en, beneficio del revelador o en perjuicio de la persona que la suministre, en los procedimientos relacionados con los asuntos en controversia".

Isabel Tocino no ha fijado fecha para la presentación de esta ley a las Cortes. Pero quedan apenas cuatro años para dar cuentas a la Unión Europea sobre el cumplimiento de la directiva sobre residuos. De momento, sólo dos iniciativas se han anticipado. Se trata del proyecto Residu minim, desarrollado desde 1993 los ayuntamientos de Molins de Rei, Torrelles de Llobregat y San Cugat del Vallés, en Barcelona. El segundo se localiza en las comarcas de Estella y Pamplona, de Navarra.