La necesidad de la Audiencia Nacional

Si hay dos ámbitos en que nuestro país requiere una profunda reforma y un fuerte impulso transformador son la justicia y la ciencia. Ambos tienen que ver con el conocimiento y la racionalidad. También, aunque con connotaciones muy distintas, con el poder. La justicia es, o debe ser, un poder racional y, por esa causa, cabalmente justo. El sistema judicial, como poder racionalizado, no sólo intenta solucionar controversias entre ciudadanos, o de éstos con las administraciones. Además de ello cumple una función esencial que distingue a una democracia de una dictadura: disciplina al poder político -y al económico- y los mete dentro de la ley aprobada por todos.Si el poder político legítimo se salta la ley y delinque, tortura, asesina, roba, la última defensa que tiene el Estado de derecho es el juez. También ocurre. -yo creo que más a menudo- que los grandes poderes empresariales hacen lo propio y vulneran las normas del tráfico económico. También aquí, la única defensa es el juez, apoyado, naturalmente, por las fuerzas de seguridad.

Eso es lo que ha sucedido en el caso GAL, en el caso Banesto y en los sumarios del narcotráfico. Quienes están siendo investigados tuvieron o tienen mucho poder. Por eso ha saltado el encontronazo con la justicia, más exactamente, con la Audiencia Nacional, a causa de sus competencias sobre terrorismo o actividades de bandas armadas, o sobre

la gran delincuencia del narcotráfico o de las finanzas.

La Audiencia Nacional concentra capacidad jurisdiccional de gran impacto. Porque está encargada de perseguir los delitos de mayor entidad o significación política, No hay, a mi juicio, muchas alternativas a que un órgano judicial centralice la persecución de la delincuencia más sofisticada y de dimensiones más generales en nuestro Estado. Porque ello necesita también de una concentración de medios y esfuerzos.

El precio que se paga es la presión soportada por la Audiencia. Empezando por la de los medios de comunicación, altamente alineados en ocasiones.

La entidad mediática de la Audiencia permite que entre jueces y medios de comunicación se haya establecido una relación de amor/ odio. Hasta el punto de que el litigio judicial tiene su paralelo en la televisión o la prensa, lo que puede llegar a convertir a los periodistas en los verdaderos árbitros. Los mass media seleccionan y amplifican. Los editoriales sustituyen en ocasiones a los jueces; dicen el "sentido" del pleito. Justicia y comunicación llegan a instrumentalizarse recíprocamente, y, a veces, el "tiempo rápido" y discrecional de los media se impone al "tiempo lento" de la justicia, y hasta el juez puede sentir la tentación de opinar en vez de juzgar.

Este fenómeno se da, como es lógico, principalmente, en los grandes procesos, es decir, en aquéllos en que el poderoso se sienta en el banquillo o es investigado. Es el papel que le ha tocado a la Audiencia, junto a la lucha contra el terrorismo. La Audiencia Nacional es así, el foco de atención -y de crítica- porque, por primera vez en la historia de España, se ha reunido en un órgano judicial el enjuiciamiento de gravísimos delitos cometidos por el poder político y el poder económico.

Este hecho, y no otro, es el que ha desencadenado la diatriba contra la Audiencia, porque siempre hay alguien poderoso afectado por la acción de este tribunal. No porque Garzón tenga un supuesto afán de notoriedad, o investigue con técnicas inquisitoriales o tenga fallos en la instrucción. No porque Gómez de Liaño adopte resoluciones sorprendentes o pronuncie conferencias sobre la corrupción de las instituciones. Esto es el pretexto para pasar de la crítica puntual a la descalificación de toda la Audiencia y a pretender nada menos que su desaparición.

Probablemente es momento de reformar la Audiencia, pero para potenciarla no para destruirla. La Audiencia necesita más medios, más personal, más especialización y formación en los jueces y más apoyo técnico, modificaciones en la forma de acceso, descarga, quizá, de lo contencioso administrativo. Pero la lucha contra el terrorismo, la delincuencia económica organizada y el narcotráfico debe ser llevado por un órgano como la Audiencia.

La Audiencia es hoy el resorte judicial más importante para combatir el delito que se comete desde el poder, el que más daño social produce, el más difícil de evitar y perseguir. Una desactivación de esa lucha, por medio del desperdigamiento de las atribuciones penales de la Audiencia en otros tribunales, sería un golpe muy fuerte a lo que ahora es, desgraciadamente, sólo el embrión de lo deseable: un sistema judicial mucho más preparado para combatir la delincuencia del siglo XXI. Cuando la Unión Europea propone un espacio judicial europeo, no tiene sentido romper ese órgano judicial de dimensión estatal, nacido hace 20 años (justo el mismo día en que se publicó en el BOE la Ley para la Reforma Política que abrió el camino del derribo del franquismo) .Un órgano que, dentro del vetusto sistema judicial español, tiene, a pesar de todo, un carácter modernizador, al que no se le ha sacado todo el partido posible.

La Audiencia Nacional ha tenido y puede tener fallos -que la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial tienen la obligación de sancionar si llega el caso-, pero es, en la actualidad, un puntal del Estado de derecho. Un elemento fundamental de control legal de las inmunidades pretendidas del poder. No es una prioridad de la reforma judicial el desmembramiento de la Audiencia Nacional, sino su fortalecimiento y la preservación de su independencia frente a las presiones que inevitablemente sufrirá desde todas las direcciones.