El Congreso rechaza una iniciativa popular sobre financiación de la educación

El Congreso rechazó ayer la primera iniciativa popular de la democracia. Los votos del Partido Popular y Convergéncia y Unió (CiU) impidieron que prosperara una proposición de ley de financiación del sistema educativo, promovida por CC OO, que llegó a la Cámara con el respaldo de 625.000 firmas. La iniciativa recibió 155 votos en contra y 150 a favor: los de IU, PSOE, PNV y Grupo Mixto. La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, no asistió al debate.

El secretario general de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, primer firmante de esta proposición que fue promovida hace tres años, aseguró que el sindicato "no se quedará de brazos cruzados", sino que lanzará una campaña de movilizaciones. Lezcano calificó de "desprecio" la ausencia de la ministra de Educación y anunció que "lo que queda, de curso académico será movido". El único miembro del Gobierno qué asistió al debate fue el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos.Lezcano añadió que con la decisión del PP queda demostrado que el Gobierno no reacciona ante las propuestas constructivas, sino sólo ante la "lógica de la algarada". La proposicion, establecía dos planes cuatrienales para las necesidades financieras para culminar las reformas educativas establecidas por la LOGSE y la Ley de Reforma Universitaria, y, al tiempo conseguir la equiparación de las comunidades autónomas en materia de enseñanza. Al cabo de ocho años, la previsión era alcanzar un gasto público en Educación del 6% del PIB, similar a la media de la Unión Europea.

Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del PP, señaló que la propuesta había quedado desfasada, tras tres años de tramitación, y que atentaba contra la autonomía universitaria. La portavoz de CiU, Carmen Gil, apoyó la demanda de más recursos, pero rechazó la iniciativa porque conIsidera que suponía una invasión del terreno de las competencias autonómicas y no jerarquizaba los objetivos de financiación.

El portavoz socialista de Educación, Joan Romero, defendió la iniciativa como una reacción ante los "recortes sin precedentes en la educación pública" incluidos en los Presupuestos de 1997. Romero advirtió que la falta de recursos puede hipotecar las transferencias no universitarias, previstas para 1998, y propuso un pacto de Estado con una vigencia de seis años para poner la educación a salvo. de los vaivenes políticos y electorales.