El fiscal general ordena que Aranda, Márquez y Gordillo abandonen la Audiencia Nacional

La guerra en la Audiencia Nacional por las divergencias surgidas en el caso GAL se cobró ayer sus primeras víctimas. El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, decidió, a propuesta de la Inspección de la Fiscalía, trasladar al fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, y abrir expedientes de traslado contra los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado, a causa de sus enfrentamientos, según confirmaron fuentes de la fiscalía. Úrculo abrió, además, otros cuatro, expedientes disciplinarios contra el teniente fiscal Eduardo Fungairiño y los fiscales Pedro Rubira, Gordillo y Márquez de Prado por diversas irregularidades. La Fiscalía del Estado explicó que "no prejuzga el resultado final".

Fuentes de la Fiscalía del Estado interpretaron los traslados y expedientes como un intento de dar ejemplo. Con ello se pretende que se acaben las desobediencias y dejar claro que un fiscal jefe no puede tolerar determinadas conductas.El traslado de Aranda está previsto en el artículo 41 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que "Los Fiscales Jefes de los respectivos órganos podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oir previamente al Consejo Fiscal y al interesado".

Fuentes jurídicas aseguraron ayer que el motivo del traslado de Aranda es que no ha podido o no ha sabido atajar los enfrentamientos con sus subordinados, y que el propio fiscal jefe explicase sus dificultades en una entrevista publicada en EL PAÍS el pasado mes de agosto. Aranda señalaba entonces que los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado estaban en guerra permanente contra sus decisiones y que, en ocasiones, aparecía un tercero en la misma actitud, que unas veces era Pedro Rubira y otras Eduardo Fungairiño.

El fiscal del Estado, por ello, decidió abrir expediente de traslado contra Gordillo y Márquez e Prado, aunque en este caso r aplicación del artículo 40.1 de del Estatuto del Ministerio Fiscal Esta norma señala que los miembros de la carrera fiscal podrán ser trasladados "por disidencias graves con el fiscal jefe respectivo por causas a aquéllos imputables".

El traslado de Aranda es una actuación de carácter no sancionador, prevista en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para los casos en que el fiscal general desea relevar a un fiscal jefe. En ese caso no se siguen los trámites de un expediente sancionador, pero el traslado es mucho más rápido. De hecho, el próximo Consejo de Ministros podría acordar la remoción de Aranda, bien a la Fiscalía Antidroga, única vacante que requiere la categoría de fiscal de Sala -la que tiene Aranda- o bien adscrito a la Fiscalía General del Estado.

Mazazo

En medios próximos al fiscal jefe, la decisión, aunque no reviste carácter de expediente, ha sido considerada un mazazo, lo que descarta la posibilidad de una salida pactada entre Aranda y el fiscal del Estado. Al fiscal jefe le fue ofrecida recientemente la posibilidad de solicitar la fiscalía del Tribunal de Cuentas, vacante por el fallecimiento de su titular, Miguel Ibáñez. Aranda, sin embargo, rechazó la oferta.Para el caso de Gordillo y Márquez de Prado, de acuerdo con el artículo 40 del citado estatuto, "el traslado forzoso se dispondrá por el órgano que hubiese acordado su nombramiento en expediente contradictorio, previo informe favorable del Consejo Fiscal". Por ello, su eventual traslado de la Audiencia no sería inmediato, sino después de la tramitación de un expediente para el que ya ha sido nombrado instructor.

Gordillo se enfrentó con Aranda en abril de 1995 a propósito de quién era el fiscal encargado del caso Lasa-Zabala. Gordillo había recibido en marzo al policía Jesús García. Este había redescubierto los esqueletos de los dos presuntos etarras, que permanecían en Alicante desde 1985.

El fiscal se puso en contacto con las familias para que un forense contrastase los datos de Lasa y Zabala con los cadáveres. Realizó la intervención en secreto, sin consultar al jefe, ante la sospecha de que podía enterrar la investigación.

Cuando el caso llegó a la Audiencia Nacional, Aranda informó a Gordillo de que él se hacía cargo provisionalmente, y Gordillo entendió que era apartado del asunto. Pidió entonces por escrito que Aranda explicase su decisión en una junta de fiscales. Aranda, lejos de convocarla, le replicó también por escrito que no le quitaba el caso, sino que nunca lo había tenido, y que él había informado en favor de que el asunto se tramitase en la Audiencia Nacional. Luego, encargó el caso al fiscal Jesús Santos.

María Dolores Márquez, por el contrario, se enfrentó a Aranda a raíz del caso Banesto. Anteriormente se habían llevado bien, aunque en la actualidad ni siquiera se dirigen la palabra. El fiscal jefe había anunciado a los fiscales que, antes de presentar la querella contra Mario Conde y los antiguos administradores de Banesto, la llevaría a junta de fiscales para debatirla, pero Aranda sólo les informó de la presentación de la misma al día siguiente de haberlo hecho, y cuando ya estaba admitida a trámite.

De ahí la ruptura de confianza y la remisión de una durísima carta de Márquez contra el fiscal jefe, que posteriormente retiró. No obstante, las discrepancias entre ambos han sido constantes desde entonces.