Presuntas negligencias graves

Los expedientes disciplinarios al grupo de los indomables han sido abiertos por presuntas negligencias graves en el ejercicio de sus cargos y tienen como base dos hechos. Los expedientes contra María Dolores Márquez de Prado y el teniente fiscal Eduardo Fungairiño están relacionados con la supuesta ocultación de un informe de la Comisaría General de Policía Científica que descartó la participación del etarra Mikel Azurmendi Peñagaricano, Hankas, en el atentado contra José María Aznar cuando era jefe de la oposición.

La fiscal pidió el procesamiento del etarra a pesar de los informes negativos. Fungairiño y Márquez de Prado fueron los que solicitaron el informe policial, que quedó en la carpetilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y nunca fue incorporado al sumario que tramita el juez Manuel García Castellón. Sin embargo, y a pesar del informe negativo, la fiscal Márquez de Prado reiteró, casi un ano después, la petición de procesamiento de Hankas.

Los expedientes contra Ignacio Gordillo y Pedro Rubira están relacionados con la posibilidad de que alumnos de ambos hayan calificado causas en tramitación ante la Audiencia Nacional. Ambos han sostenido que no cobraron por las clases que impartían y que formaban parte de un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid. Agregaron también que los alumnos sólo calificaron causas archivadas.

En el entorno de los fiscales de la Audiencía Nacional expedientados cundía ayer la impresión de la iniciativa contra María Dolores Márquez de Prado e Ignacio Gordillo sólo tiene como objetivo su apartamiento de la Audiencia Nacional.

Instructores

La apertura de estos expedientes no supone la culpabilidad de estos fiscales ni que, en definitiva, vayan a ser trasladados. A partir de ahora se iniciará una investigación más profunda de su conducta.La Fiscalía del Estado ha designado ya a algunos de los instructores de los expedientes contra estos fiscales. Según fuentes de la Fiscalía del Estado, entre estos se encuentran el fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; el fiscal de la Sala de lo Criminal del Supremo, José María Luzón, el fiscal de la Sala de lo Contencioso del Supremo, José María Íscar, y el fiscal de la Sala de lo Social, José Alvarado. Estos instructores deberán escuchar a los fiscales expedientados y realizar aquellas diligencias que consideren pertinentes para averiguar la verdad de lo ocurrido. Finalmente, pueden proponer sanciones o el archivo de los expedientes, lo que será resuelto por el fiscal del Estado.