Protocolo muy costoso

EL LLAMADO Protocolo Eléctrico, documento que recoge el acuerdo entre el Gobierno y las empresas eléctricas para regular el tránsito hacia la liberalización del mercado de electricidad, se dará a conocer hoy en Barcelona, antes de que las compañías eléctricas hayan estampado su firma. Las consecuencias del protocolo para el consumidor son muy importantes, puesto que establece un volumen de ayudas de casi dos billones de pesetas que el usuario, sea doméstico o industrial, tendrá que pagar a través del recibo de la luz durante los próximos 10 años. Que este pago no se haga en efectivo o mediante una tasa añadida a la ya de por si cara electricidad española, sino a través de un descenso de las tarifas mucho más lento del que se produciría en un mercado de libre competencia, en nada disminuye la magnitud del compromiso de la factura, girada a todos los ciudadanos, que implica el protocolo.Las empresas eléctricas se benefician ya de un larguísimo saneamiento financiero, sufragado con cargo a la tarifa eléctrica, que inició el primer Gobierno socialista con el objetivo de evitar las amenazas de quiebra suscitadas en el sector por un desmesurado endeudamiento. Las tarifas de electricidad en España pagan la paralización del faraónico programa de centrales nucleares, el mantenimiento de ayudas a una minería nacional del carbón enormemente deficitaria, la financiación del stock básico de uranio, el almacenamiento de los residuos radiactivos... Y ahora se quiere que financie, durante 10 años, los costes que tendrá para las empresas operar en un mercado de abierta competencia.

Las cargas que pesan sobre el recibo de la luz, es decir, sobre todos los usuarios, son tan elevadas y se han mantenido durante tanto tiempo que no estaría fuera de lugar calificarlas de abuso consentido. Por eso es mas necesario que, cuando se pretende imponer un nuevo coste a los consumidores, el Gobierno explique con exquisita transparencia y con detalle minucioso cómo se ha calculado la cifra de dos billones por ayudas a la transición a la libre competencia. Hay razones para temer que esa cantidad, además de pagar el coste de las inversiones ineficientes, garantice el mantenimiento de los beneficios de tales inversiones como si realmente fueran competitivas. Si esto fuera así, el protocolo sería un pacto muy oneroso para los ciudadanos y una demostración preocupante de la debilidad negociadora del Ejecutivo.

Las rebajas de tarifas pactadas para los próximos años son una compensación al consumidor bien exigua. Gobierno y empresas presentan la reducción del 3% en 1997 como un sacrificio del sector para contribuir a la reactivación económica. Las dos partes silencian que esa rebaja podría ser del 8% si no mediara este nuevo pacto. Que la luz vaya a costar menos el año próximo no exime al Gobierno de dar cuentas claras y detalladas.