Malas notas

A los siete meses de la investidura presidencial de Aznar y la formación de su primer Gobierno, los populares han recibido una desagradable sorpresa: no sólo no han conseguido ensanchar la reducida distancia lograda respecto al PSOE el 3-M (poco mas de un punto porcentual sobre el total de los sufragios emitidos), sino que los socialistas les superan ya en las encuestas de intención de voto. Confirmando los resultados obtenidos por otras empresas demoscópicas, el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, marca que el PSOE estaría ahora tres puntos y medio por encima del PP. La cruel fábula oriental en que el emperador mata al mensajero portador de malas noticias ofrece en este caso una infame variante periodística: el cobarde linchamiento de la presidenta del CIS a manos de un diario monárquico conservador que suele jurar en vano en nombre de la información veraz y el respeto a los lectores.La decepción del Gobierno ante esas malas notas demoscópicas es comparable con la desilusión del niño convencido de haber hecho bien el examen y que recibe luego calabazas. No faltaban razones para esas esperanzas finalmente incumplidas del PP: el ejercicio del poder regala a sus titulares una mayor visibilidad -reforzada al máximo por la Televisión Pública- como protagonistas de la acción política interior y exterior. Durante estos meses, el Gobierno de Aznar ha conseguido resonantes éxitos en la lucha antiterrorista, se ha beneficiado de la fase de auge del ciclo de la economía mundial, ha conseguido aproximarse a los objetivos de inflación y déficit público fijados para entrar en la Unión Monetaria y ha logrado la aprobación por el Congreso con mayoría absoluta de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras el empleo seguía creciendo, el ministro Arenas firmaba sendos acuerdos con CC OO y UGT para el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones y para el aumento de los subsidios al paro rural (supuesta fuente de votos cautivos según la vieja doctrina -ahora oportunistamente abandonada- del PP). Pero el Ejecutivo ha tenido que pagar la frustración de las grandes expectativas de regeneración democrática y reforma de la Administración sembradas irresponsablemente por el PP durante la anterior legislatura. La doble estrategia del Gobierno respecto a los papeles del Cesid (negando su desclasificación en el Consejo de Ministros, por un lado, y azuzando al ministerio público para conseguirlo en el Supremo, por otro) ha desconcertado a la opinión. El adelgazamiento del aparato del Estado ha sido una operación de maquillaje: mientras se congela el sueldo de los funcionarios, los nuevos gobernantes siguen cobrando dietas como consejeros de las empresas públicas. Los llamamientos a la austeridad ciudadana tampoco son compatibles con dispendiosas ceremonias de potlach al estilo de la boda del vicepresidente Cascos.

Gestores competentes como Fanjul en Repsol, Velázquez en Telefónica y Terceiro en Cajamadrid han sido sustituidos por candidatos cuya principal acreditación era su amistad personal con Aznar. El abuso de los decretos-leyes ha lesionado la dignidad del Parlamento. La Ley de Secretos Oficiales, el borrador de ley sobre el Derecho del Ciudadano a la Información Veraz y el intervencionismo gubernamental en la constitución de la plataforma digital muestran el desprecio del Ejecutivo por la libertad de expresión. El cicatero trato dado por el PP a los octogenarios supervivientes de las Brigadas Internacionales prueba que ni perdona ni olvida el pasado. El bufo episodio del tuteo e intercambio de corbatas entre Aznar y Castro ha concluido con una humillación diplomática para España. Y los acuerdos de financiación autonómica del PSOE con CiU, criticados por el PP en la anterior legislatura como atentatorios contra la unidad nacional, han sido no ya respetados sino generosamente doblados con el regalo añadido de la vergonzante defenestración de Vidal-Quadras.