Fiscales fiscalizados

LA CITACIÓN como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, por parte del juez instructor .del caso Lasa-Zabala, Javier Gómez de Liaño, resulta insólita y pintoresca. Difícilmente puede ser testigo este fiscal, al ser parte en todas las investigaciones de este órgano judicial. Pero al margen de cómo se salde hoy esta citación que el propio Aranda ha calificado de "ataque institucional", lo más preocupante es que, a diferencia de la inmensa mayoría de los órganos judiciales, la Audiencia Nacional ofrece muchas veces la imagen de albergar juristas que utilizan los instrumentos del derecho y los mecanismos procesales como armas arrojadizas entre sí o para objetivos no claramente jurídicos.De confirmarse los datos que se conocen de la inspección realizada por el ministerio fiscal a lo largo de 16 días en la sede de la Audiencia Nacional, se estaría poniendo de relieve conductas no sólo propicias a expedientes disciplinarios, sino incluso, en el caso de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, a la depuración de responsabilidades penales por una presunta ocultación de pruebas al juez instructor del atentado cometido por ETA el año pasado contra José María Aznar. Una rápida y ágil investigación, con todas las garantías para los fiscales indagados, de las conductas de Márquez de Prado, Pedro Rubira e Ignacio Gordillo puede contribuir al saneamiento de la situación de la Audiencia Nacional y a despejar las imágenes generadas. El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, tiene en sus manos desde hace una semana este informe. Si Ortiz Úrculo aseguró que "los ciudadanos se enterarán" de las medidas a adoptar en esa fiscalía, ha llegado el momento.

Ya han surgido voces que consideran intocables a estos fiscales y ven en las conclusiones de la inspección un ataque contra los más aguerridos impulsores de la investigación de los GAL. Del mismo modo que estos sumarios deben seguir su curso para depurar todas las responsabilidades criminales, de la guerra sucia contra ETA, la inspección tiene que determinar si ha habido irregularidades, y en algún caso ilícitos penales, por parte de algunos fiscales. Éstos no pueden eludir su deber de actuar conforme a los principios constitucionales de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Y, desde luego, con independencia de las afinidades amistosas que se hayan creado en la Audiencia Nacional, como en todo colectivo profesional.