Rajoy ofrece a los funcionarios subidas iguales al IPC en 1998 y 1999 para desactivar la huelga

Administraciones Públicas intenta desactivar las protestas de los funcionarios. El ministro Mariano Rajoy ha enviado a los sindicatos un documento en el que les propone la congelación en 1997; una subida igual al IPC previsto en 1998 e igualmente para 1999, pero condicionado a que se cumplan los objetivos económicos. Es decir, el texto sólo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo para 1998 y no la recuperación del salario congelado, por lo que los sindicatos lo consideran "difícilmente aceptable" en principio. El documento se discutirá en la reunión convocada para el día 3 por Rajoy, a la que las centrales acudirán con la huelga ya decidida, para el día 11 o el 12. La fecha se fijará hoy.

El Gobierno del PP ha reaccionado a la presión de los funcionarios y ahora parece dispuesto a facilitar una vía de diálogo. Ha convocado una reunión para el día 3 y, para su preparación, ha adelantado a los sindicatos un documento con carácter semiconfidencial en el que esboza la propuesta que detallará en el citado encuentro de la próxima semana. La oferta del Ejecutivo parte de una premisa que no agrada a los sindicatos y que consiste en dar por concluido el acuerdo logrado con el Gobierno socialista a finales de 1994, que pretendía compensar la congelación salarial de 1993 y 1994 (subida del 1%), y cuya licencia finalizaba en 1997 con una subida igual a la previsión de inflación.El gabinete del PP quiere un nuevo pacto con vigencia para 1997, 1998 y 1999. Para el primer año mantiene la congelación salarial decidida en julio pasado; para 1998 ofrece un incremento igual a la previsión de inflación que se fije para ese ejercicio, pero sin clausula de revisión en caso de que no se cumpla el objetivo de inflación, y para 1999 la oferta se vincula al índice de precios previsto pero condicionando la subida salarial a la situación de la economía.

Escepticismo sindical

En la elaboración de ese documento parece que ha tenido una decisiva intervención el vicepresidente segundo, el ministro de Economía, RodrIgo Rato. Por un lado, para autorizar y comprometer futuros incrementos salariales y, por otro, para buscar una salida al contencioso con los funcionarios.

Durante la clausura de las jornadas organizadas por el Herald Tribunes, Rato señaló que "haremos todo lo posible para que no haya conflicto", y dijo que el Gobierno se mantiene firme en dos principios básicos: "La actitud de diálogo y la política presupuestaria que no piensa modificar". Añadió que el esfuerzo que se pide a los funcionarios no es comparable con el que se impuso desde el Gobierno socialista "ya que ahora la inflación está a la baja y se va a situar en el 2,6% el año que viene".

Los sindicatos de funcionarios han recibido con escepticismo esa propuesta, aunque la van a analizar en profundidad. Pero ello no cambiará sus planes y hoy celebrarán la cumbre con todas las organizaciones representativas del sector para decidir la tercera etapa de sus movilizaciones.

El punto álgido de esas propuestas será la huelga general en todo el sector de empleados públicos prevista para diciembre. La fecha que barajan es el 12 de diciembre, aunque algunos dirigentes hablan también del día 11, y la duración previsiblemente será de 24 horas. Los sindicatos quieren que la presión no se ciña a la huelga y dejar cerrada hoy una movilización sostenida a partir del mes de enero que pondrían en marcha en el caso de que el Gobierno no atienda sus demandas. Es decir, acudirán a la reunión del día 3 con Administraciones Públicas con la huelga general convocada. Y en caso de que se logre un acuerdo anularían la protesta.

Por otra parte, el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que más de la mitad de los españoles, el 52,1% está en desacuerdo con la congelación salarial prevista para los funcionarios públicos en 1997, mientras que un 36,6% está en desacuerdo con la medida propuesta por el Gobierno.