Indemnización a cobayas de la guera fría

Mary Jean Connell, de 74 años, recibirá 400.000 dólares (50 millones de pesetas) como indemnización por algo que ocurrió hace 51 años: su participación, involuntaria, en un programa secreto del Gobierno de Estados Unidos sobre los efectos de la radiactividad en el organismo humano. Mary Jean y otras 17 personas fueron inyectadas con uranio o plutonio sin su conocimiento en hospitales universitarios de Nueva York, Illinois, California y Tennessee. Solamente ella está viva. Los familiares del resto de los cobayas humanos cobrarán las indemnizaciones, las primeras de una larga lista de unos 20.000 afectados en más de 4.000 experimentos distintos.Hazel OTeary, secretaria de Energía, reconoció, al anunciar el acuerdo, que el dinero no puede borrar ni el dolor ni la infamia: "De ninguna forma esto puede compensar plenamente a las familias por lo que han sufrido" .Hace tres años, después de descubrirse los primeros casos de las pruebas secretas, Hazel OTeary lanzó una investigación que concluyó en una lista superior a los 4.000 experimentos llevados a cabo entre 1944 y 1974 por médicos y científicos que trabajaban para el Gobierno. La secretaria de Energía, cuyo empeño en llevar adelante la investigación ha sido alabado por la coalición de familiares de las víctimas, cree que es urgente que haya un compromiso público para que "nunca más el Gobierno de Estados Unidos realice experimentos secretos sobre sus ciudadanos". En octubre de 1995, el presidente Clinton, alarmado por el continuo goteo de casos de cobayas humanos, pidió perdón a las víctimas y a los familiares "en nombre de otra generación de dirigentes y de ciudadanos", prometió una investigación rigurosa y anunció compensaciones económicas, 11 porque, en ocasiones, las palabras no son suficientes". Las 12 primeras corresponden a Mary Jean Connell y a las familias de otras 11 personas ya fallecidas. Un caso fue resuelto individualmente con los familiares en verano y los otros están aún en negociaciones.

Los médicos que dirigían los proyectos de investigación de los efectos de la radiactividad en el organismo elegían en algunos casos a enfermos graves o terminales y les invitaban a dar su consentimiento con el señuelo de que se trataba de tratamientos experimentales. Se suponía que los enfermos tenían una expectativa de vida mínima, pero no siempre fue así: Eda Schultz, una mujer que fue tratada en 1945 y que recibió dosis radiactivas 43 veces superiores a lo que una persona recibe a lo largo de toda su vida, no murió hasta los 85 años de edad.

La doctora Ruth Faden, que dirigió la investigación del Comité Presidencial sobre Ex perimentos Radiactivos, Humanos, cree que "aunquelas dosis eran no normalmente bajas y los científicos y funcionarios no dejaban de estar preocupa dos por los riesgos de los pacientes, todo ello no puede ser una excusa para el mal que se hizo".

Muchos de los pacientes sufrieron a lo largo de su vida tunores y distintos tipos de enfermedades que podrían ser consecuencia de las inyecciones de plutonio y uranio radiactivos, aunque no hay pruebas médicas de ello. En todo caso, como señala la doctora Faden, "funcionarios y médicos que contaban con la confianza pública y con la de los pacientes abusaron de las dos; se utilizaron pacientes en experimentos sin su consentimiento o conocimiento; se ocultó información a los grupos afectados y a la opinión pública; se mantuvo el secreto para proteger a la Administración del escándalo y de las consecuencias legales".

Entre las pruebas más terribles que se hicieron, además de las inyecciones directas con plutonio y uranio, hay dos particularmente crueles: la administración de hierro radíactivo a 820 mujeres embarazadas en un programa de la Universidad Vanderbilt durante los años cuarenta y el tratamiento con iodo radiactivo de cientos de niños que sufrían diversos tipos de retraso mental en Massachussetts, hasta los anos sesenta. Además, en 1956 y 1957 los laboratorios de las Fuerzas Aéreas sometieron a 120 personas, casi todas esquimales e indios, a un programa a base de iodo radiactivo. Desde 1950 hasta 1970, la Universidad de Cincinnati irradió a cientos de pacientes con la excusa de innovar los procedimientos terapéuticos. Y entre 1963 y 1973, 131 reclusos de cárceles de los Estados de Oremgón y Washington sufrieron radiaciones en los testículos.