El PP quiere que los usuarios paguen parte por asistencias sanitarias de tipo social
Propuestas en la ponencia parlamentaria
César Villalón, portavoz del PP en la ponencia parlamentaria para la reforma de la Sanidad, suele plantear a quienes han comparecido hasta ahora la conveniencia de distinguir entre las actuales prestaciones, las estrictamente sanitarias y las de carácter social. A efectos de imponer alguna tasa al ciudadano en las segundas se encontrarían el transporte, las prótesis o el cuidado de ancianos crónicos en residencias asistidas, como ya se aplica en Cataluña.
El consejero vasco de Sanidad, lñaqui Azcuna, abundó ayer en esta reflexión y defendió "establecer el copago antes que limitar las prestaciones". Durante su comparecencia en la ponencia, elogió el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, "además de gratuito, prácticamente ilimitado". Pero abogó por "estudiarlo desapasionadamente" para hacer frente a las limitaciones presupuestarias del sistema. Porque recordó que, además, no se cumple."En el momento actual se siguen pagando prestaciones excluídas (taxis); el nuevo catálogo de prestaciones ortoprotésicas, excepto en Valencia, todavía no se aplica y la incorporación de nuevas técnicas de diagnóstico o terapéuticas se sigue haciendo, en muchos casos, sin estudios que permitan valorar su idoneidad", advirtió a los diputados.
Para el consejero vasco, "no es una reflexión ajena al Sistema Nacional de Salud" la conveniencia de seguir manteniendo la gratuidad total de las prestaciones o el establecimiento del copago para algunas de ellas. Las tasas ya existen. Los beneficiarios activos pagan un 40% de sus medicinas y una orden de este mismo año, elaborada por el anterior gobierno socialista, determinó un copago entre 2.000 y 6.000 pesetas por cada prótesis. ¿Se puede ir más allá?.
La opinión de Azcuna es que sí. "La implantación de medidas de este tipo, con el límite incuestionable de que ninguna persona quede sin la asistencia que requiera por falta de recursos económicos, en modo alguno debe considerarse como una desnaturalización del sistema público", afirmó. El consejero vasco es optimista en cuanto a lograr un pacto político sobre estos aspectos, pero insistió en que la ponencia "no sustituirá a la obligación del Gobierno de gobernar".
