Las exigencias de las compañías y la presión política retrasan el protocolo eléctrico

La firma del protocolo eléctrico, que modificará la normativa del sector, se retrasará sobre la fecha prevista, que era mañana, viernes. En ello ha influido la presión de las compañías, eléctricas, que ahora piden que se les reconozca unos costes de cerca de tres billones vía tarifa, y la de varios diputados del PP. Éstos, pertenecientes a las regiones con minería de carbón, se entrevistaron recientemente con el ministro Josep Piqué para pedirle que minimice la incidencia del nuevo marco regulador en el carbón. Los costes que piden las eléctricas se refieren a endeudamiento, parte de la subvención al carbón y la moratoria nuclear. Industria reconoce este coste, pero lo cifra en menos de dos billones.

Los presidentes eléctricos, agrupados en torno a la sociedad Unesa, e Industria no consiguen ponerse de acuerdo sobre el protocolo eléctrico. Las empresas, en particular ENDESA, pretenden que el reconocimiento de los denominados costes hundidos o stranded costs (véase EL PAÍS, 8 de noviembre pasado) sea exhaustivo, de forma que el proceso de liberalización -a partir del 1 de enero de 1998- se inicie con la garantía de que los consumidores pagarán, a través de la tarifa, todos y cada uno de los costes detallados empresa por empresa. En estos costes de ineficiencia, que sería la acepción más exacta, se incluyen, además de los 700.000 millones de la moratoria nuclear, en fase de amortización, la recuperación de las inversiones no eficientes, las amortizaciones y algunos extracostes derivados de la utilización de carbón como combustible, que deberán pagarse en 10 años desde 1998. Esas peticiones elevan los costes de ineficiencia, que debe sufragar el consumidor, a unos tres billones. El esquema de liberalización acompañada por el pago en tarifa de los costes de ineficiencia supone que el ciudadano no podrá disfrutar de la rebaja en el recibo de la luz que tendría en un mercado competitivo. Con el sistema de marco estable actual, que reconoce y paga los costes a precio standard (media del sector), la tendencia de la tarifa -con los tipos de interés actuales- es hacia un descenso del IPC menos tres. En un sistema plenamente competitivo, el consumidor obtendría una rebaja muy superior, del orden del IPC menos 12. Pero como la liberalización va acompañada del reconocimiento de los costes hundidos o de ineficiencia, las tarifas absorberán esa ineficiencia y durante los próximos 10 años, a razón de 200.000 o 300.000 millones de pesetas anuales. El presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha expresado a Piqué su preocupación por la asunción de este coste.

El Gobierno prevé en el protocolo que en 1997 las tarifas caerán en 3% en términos nominales; que descenderán el 2% nominal en 1998 y el 1% nominal en 1999. Estas cifras equivalen a un descenso del -5,6% el año próximo. En una liberalización plena, el descenso sería de casi nueve puntos más. Cada punto porcentual equivale, a la cifra actual de facturación, a 20.000 millones.

No obstante, debe precisarse que la petición de las empresas no implica el reconocimiento final. Industria parece dispuesta a efectuar el reconocimiento de los costes de ineficiencia en términos de coste medio, lo cual podría reducir sensiblemente la carga que se pagará mediante tarifa. El Gobierno es partidario de introducir una corrección de eficiencia, puesto que entiende que en un mercado competitivo las empresas podrán absorber sin problemas parte de sus costes históricos.

El anuncio de la supresión paulatina de las ayudas al carbón ha enrarecido el clima político. Varios diputados del Partido Popular han visitado a Piqué para mostrar su malestar con el cierre obligado de las cuencas mineras por el procedimiento de la eliminación de las ayudas, que se hacen en aras de reducir los costes eléctricos.