Las razones de Andalucía
El martes 8 de octubre en la conferencia de prensa ofrecida conjuntamente con el presidente, de Ucrania, el presidente del Gobierno advertía a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía que tendrían "perjuicios económicos muy serios" por el capricho de sus dirigentes de "mantener la oposición al Gobierno". "No me parece comprensible, concluía, que los ciudadanos tengan que pagar las consecuencias de una decisión así". (EL PAÍS, 9 de octubre de 1996, página 15).Ésta es la argumentación que desde hace algún tiempo vienen repitiendo todos los dirigentes del PP cuando se refieren al nuevo sistema de financiación autonómica. En esto hay que reconocer que han sido coherentes y no han incurrido en contradicciones. Todos van a salir ganando y, por tanto, quien decida no incorporarse al nuevo sistema saldrá perjudicado, teniendo que responder los dirigentes, de las comunidades que así lo decidan ante sus ciudadanos por el perjuicio que se les ocasiona.
En opinión del PP, pues, el problema suscitado por el nuevo sistema de financiación autonómica queda reducido a una cuestión básicamente cuantitativa: la de si todas las comunidades autónomas (CC AA) en su conjunto y cada una individualmente considerada van a recibir más o menos que con el sistema anterior.
Así no es como vemos las cosas en Andalucía. Aunque no se puede descartar de manera total y absoluta, sí es altamente improbable que alguna comunidad autónoma vaya a recibir durante el quinquenio de vigencia previsto para el nuevo modelo menos de lo que venía recibiendo hasta 1996. Por lo tanto, el rechazo del nuevo sistema no proviene del temor a que se vaya a tener menos. Obedece a razones distintas.
Para Andalucía el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. Formalmente parece que se está hablando de financiación autonómica. Pero no es así. Materialmente lo que se produce con el nuevo modelo de financiación autonómica es una alteración de la estructura del Estado que se ha impuesto en España a través de la interpretación de la Constitución por los estatutos de autonomía. El nuevo modelo de financiación autonómica supone una quiebra del equilibrio alcanzado por las distintas nacionalidades y regiones en la unidad política de España a través del ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución.
-No nos encontramos, por tanto, ante un problema de naturaleza económica o de tipo financiero, aunque también. Nos encontramos, ante todo, ante un problema de naturaleza política y constitucional. Y en esto acierta José María Aznar. Andalucía rechaza el nuevo modelo de financiación autonómica no porque vaya a recibir menos, sino por razones políticas, porque no acepta la revisión que se quiere imponer a través del mismo en la estructura del Estado español. Esto es lo decisivo. Y por' eso mismo Andalucía no rechaza el sistema por motivos contables o particulares, sino por razones de carácter general. Por supuesto que Andalucía rechaza el lugar al que se la quiere relegar en la estructura del Estado. Pero rechaza también el lugar en el que se quiere situar a todas las nacionalidades o regiones, privilegiando a unas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares) y devaluando a las demás. Lo que Andalucía reivindica es un modelo en el que todas las nacionalidades y regiones se integren en la estructura del Estado en condiciones de igualdad.
El modelo de financiación autonómica propuesto por el PP supone, pues, una nueva forma de manifestación del viejo pleito que Andalucía viene manteniendo con el centro-derecha español desde la aprobación de la Constitución sobre qué es políticamente España y qué lugar deben ocupar en la estructura del Estado las distintas unidades territoriales, "nacionalidades y regiones", que la integran. Como es sabido, ésta fue la cuestión decisiva en el desarrollo de la Constitución inmediatamente después de su aprobación. Y ante la misma el centro-derecha español (UCD y AP) y Andalucía mantuvieron posiciones radicalmente enfrentadas.
Para el centro-derecha español había que hacer la interpretación de la Constitución en clave nacionalista, ya que la autonomía era un problema de naturaleza distinta en el País Vasco, Cataluña y en parte en Galicia, que en el resto del Estado. El País Vasco, Cataluña y en menor medida Galicia, tenían que ser diferenciadas de las demás "regiones" españolas. A esa determinada concepción de la unidad política de España y de la estructura de su Estado respondió la negociación parlamentaria de los estatutos de autonomía vasco y catalán en noviembre de 1979, la tramitación parlamentaria "a la baja" del estatuto gallego en diciembre de 1979 y la decisión del Comité Ejecutivo de UCD de 15 de enero de 1980 de que todas las demás CC AA se constituirían por la vía del artículo 143 de la Constitución. Andalucía, por el contrario, defendía una interpretación no nacionalista, sino homegeneizadora de la Constitución. La autonomía no 'era un problema vasco, catalán o gallego, sino un problema de estructura general del Estado, que debería territorializarse por completo en CC AA que tuvieran la misma naturaleza y ocuparan una posición política similar en la estructura del Estado.
Aquel pleito se resolvió a través del referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica en Andalucía el 28 de febrero de 1980, cuyos resultados forzaron a UCD a revisar su decisión anterior y a alcanzar unos acuerdos con el PSOE (pactos autonómicos de 1981), a través de los cuales se acabó decidiendo que la autonomía de todas las nacionalidades y regiones sería de la misma naturaleza, que todas tendrían la misma estructura organizativa y que el nivel competencial sería en principio distinto, pero con una tendencia a la equiparación. Con base en dichos acuerdos se constituirían las 17 CC AA y se territorializaría por completo el Estado. En 1992, a través de los segundos Pactos Autonómicos entre el PSOE y el PP se decidió la ampliación competencial de las CC AA del artículo 143 y se reformaron sus estatutos de autonomía con el horizonte temporal de 1997 para la equiaración de todas.
Esta es la estructura del Estado en estos momentos. Unidades territoriales que, independientemente de que se autocalifiquen de nacionalidad o región, ocupan una posición similar en dicha estructura. Ese ha sido, posiblemente, el cambio de mayor transcendencia que se ha operado en España como consecuencia de la aprobación de la Constitución. Cambio que cuenta con un apoyo claramente mayoritario de los ciudadanos de todo el país, como los estudios de opinión confirman de manera unánime e inequívoca.
Esta posición similar de las
CC AA en la estructura del Estado es la que viene a quebrar el nuevo modelo de financiación autonómica. Y lo hace no de for-
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Las razones de Andalucía
Viene de la página anteriorma limpia, como lo intentó hacer UCD, cuyo modelo era discutible y con el que nunca estuve de acuerdo, pero que tenía una lógica: las llamadas nacionalidades históricas por un lado, las regiones por otro. Ésa era la línea divisoria. Al no hacerlo por la vía del desarrollo directo de la Constitución, sino por el procedimiento oblicuo del sistema de financiación, el resultado carece de toda lógica y se convierte en disparatado.
Por dos motivos fundamentalmente:
1. Porque al territorializarse, de manera parcial pero significativa ' 'sin topes y con capacidad normativa, el impuesto personal a través del cual se intenta hacer realidad los "principios de igualdad y progresividad", que, según el artículo 31 CE, deben inspirar el "sistema tributario?" del Estado, se modifica de manera sustancial el grado de autonomía de las distintas CC AA, que pasa a ser altísimo en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, y muchísimo más bajo en el resto: Basta ver lo que representa el 30% del IRPF en cada una de las CC AA para comprobarlo.
2. Porque se establece una línea divisoria entre CC AA que potencia las tendencias centrífugas presentes en España y debilita las tendencias centrípetas que han contrarrestado a áquellas en el pasado y que tienen que continuar contrarrestándolas en el presente y en el futuro inmediato y mediato.
Esto es lo peor del modelo. El establecimiento de un sistema que institucionaliza y hace visible la separación de las tres comunidades en las que se habla catalán, valenciano o mallorquín (no tengo competencia para decidir si son la misma lengua o no y es indiferente a efectos de mi argumentación) además de castellano, de aquéllas en las que se habla exclusivamente castellano, es un error inmenso. Pero situar a Madrid en esa línea divisoria en el campo de las primeras y no en el de las segundas es un disparate. literalmente inconcebible.
¿No se ha parado nadie en el Gobierno a reflexionar sobre esto? Los conflictos de intereses interterritoriales con el nuevo sistema son inevitables. Están en la naturaleza del mismo. Y van a ir a más. Ahí está ya sobre la mesa la propuesta del presidente de la Generalitat para, el año 2001 (año en el que, por cierto, hay que renegociar el concierto vasco; no la determinación del "cupo", sino la negociación del "concierto"). ¿No se ha parado nadie a pensar la incidencia que puede tener el nuevo modelo de financiación en un eventual conflicto lingüístico? Pero, sobre todo, ¿no se ha detenido nadie a reflexionar en lo que representa para la estructura del Estado y la unidad política de España que, en un conflicto de intereses interterritoriales, los intereses de Madrid coincidan con los de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y estén enfrentados a los de Aragón, las dos Castillas, Extremadura, Andalucía ... ? ¿Nos estamos volviendo locos o qué?
España es un país en el que han existido y existen tendencias centrífugas, que unas veces se manifiestan con más intensidad y otras con menos, pero que no han dejado de estar nunca presentes. Este es un dato capital para nuestra convivencia pacífica, con el que no se- puede jugar. El coste de cualquier error es terrible, ya que, como la experiencia enseña, no hay conflictos más espantosos que los que afectan a la estructura del Estado.
La estructura del Estado es la cuestión más decisiva para, la convivencia pacífica en un país. Los problemas del paro, de las pensiones, de la financiación de la sanidad... son una broma al lado de los problemas de estructura del Estado. ¿Quién piensa en el paro o en las pensiones en la ex Yugoslavia? Cuando se habla de, estructura del Estado los problemas son de otro orden y de otra magnitud. La estructura del Estado es como el aire, sin el que no se puede vivir, pero que sólo se nota cuando falta. Es el presupuesto de toda política civilizada.
Esto es lo que el nuevo sistema de financiación autonómica viene a poner en cuestión de manera frívola e irresponsable. Hay que garantizar la autonomía financiera de las CC AA- Pero no se puede sacrificar a la financiación autonómica la estructura del Estado. El remedio es mucho peor que la enfermedad.
Creo que fue Mariano Rajoy quien afirmó que con el nuevo modelo de financiación autonómica se conjuraba el peligro Bossi. Se equivoca. El nuevo sistema lo potencia y lo aproxima. ¿Hay alguien en su sano juicio que piense que las fantasías políticas de Bossi son más peligrosas para la unidad política de Italia que el "sistema de concierto" propuesto por Jordi Pujol para la unidad política de España?
Señor presidente, éstas. son las razones de Andalucía. Por eso no nos van a convencer con el argumento de que vamos a recibir algunos miles de millones de pesetas más. El nuevo sistema de financiación es una carga de profundidad contra lo que Andalucía entiende qué es y debe continuar siendo la unidad política de España y contra el lugar que deben ocupar las distintas CC AA en la estructura del, Estado. Por eso ni lo entendemos ni lo aceptamos. Es más: consideramos que un Gobierno de España que propone un sistema como ése pierde la legitimidad para ser el Gobierno de la nación.
Y termino con una advertencia, que quiero que se entienda .como tal. UCD malinterpretó la posición de Andalucía en el desarrollo de la Constitución y ahí estuvo el origen de su descomposición. Un partido español no puede tener política para España, si no tiene política para Andalucía. Con el nuevo sistema definanciación el PP se queda sin política para Andalucía. No es una cuestión del PSOE contra el PP. Es a Andalucía a la que van a tener enfrente. Pueden pensar que no es así, porque no hay ningún referéndum convocado como en el 80. (Y no se debe convocar ninguno. Estoy totalmente en desacuerdo con la, propuesta de Rodríguez Ibarra). Pero se equivocan. La procesión va por dentro. Este es un terreno en el que Andalucía ni olvida ni perdona.
Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
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