Los españoles que 'compren' niños rumanos no podrán inscribirlos en ningún registro

Los padres españoles que adopten un niño rumano directamente a través de un despacho privado de abogados en ese país no podrán legalizar la adopción a su vuelta a España. La única vía oficial empieza por la obtención de un certificado de idoneidad extendido por una Comumidad Autónoma, una garantía legal de que la pareja está preparada psicológica y económicamente para ello. La dificultad para superar este requisito ha llevado a muchas familias a obviar ese paso, por lo que no pueden finalmente inscribir a esos niños en el Registro Civil. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha elevado a la Fiscalía del Estado un informe sobre los casos irregulares de que tiene conocimiento

La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, reconoce que sería deseable agilizar los trámites de adopción, pero recuerda que -por lentos que sean- es imprescindible iniciarlos con la consecución de un certificado, de idoneidad expedido por la comunidad autónoma correspondiente. "Sin ese certificado la adopción es ilegal", asegura.Decenas de españoles han tramitado -o están tramitando- adopciones directamente con un despacho de abogados de Bucarest (ver EL PAÍS del 1 de noviembre), un procedimiento que permite conseguir un niño con la documentación rumana en regla en un plazo muy inferior a lis tres o cuatro años que suele llevar la vía oficial. Varios de ellos se han encontrado luego con que no podían legalizar la adopción en España, por falta del certificado de idoneidad.

"Desgraciadamente, las adopciones internacionales estaban abriendo la vía al mercadeo de niños", dice Amalia Gómez, que ha elevado a la Fiscalía General del Estado un informe con los casos de adopción ilegal en países del Este de que tenía constancia. Los detalles del informe son confidenciales para proteger la identidad de los niños afectados.

Amalia Gómez resalta la necesidad de que las agencias que tramitan las adopciones tengan un "espíritu no lucrativo", y señala: "El objetivo de la adopción no es dar un niño a la pareja, sino dar unos padres idóñeos al niño; no puede haber niños a la carta". La única garantía legal, según ella, es el certificado de idoneidad.

Y la obtención de ese certificado para adopciones de niños rumanos se ha puesto muy difícil en algunas comunidades. Desde que España firmó su convenio de adopción con Rumania, en marzo de 1993, la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid ha venido advirtiendo a las familias que las adopciones en ese país no revestían suficientes garantías de respeto a los derechos del niño. Y desde enero de este año, la consejería ha utilizado el arma legal que ponía en su mano la Ley de Protección Jurídica del Menor para bloquear de hecho esos trámites: no ha concedido ni un solo certificado de idoneidad para adopciones de niños rumanos.

Otras comunidades, como, Cataluña y Valencia, han sido menos rígidas.

La lentitud y dificultad, -imposibilidad, a veces- para obtener el certificado de idoneidad ha llevado a muchas parejas a tramitar adopciones privadamente con abogados de Bucarest. Aunque esta vía es "irregular e ilegal", según Esperanza García, directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, es perfectamente posible volver a España con un niño rumano con su pasaporte en regla, por un precio que oscila entre 1,3 y 4 millones de pesetas, según las versiones.

Problemas registrales

Los problemas empiezan luego. La adopción, por más que venga avalada por el Comité Rumano de Adopción, no es reconocida como tal por la Administración española, que se niega a inscribir al niño en el Registro Civil. Varios adoptantes que se han puesto en contacto con este diario están actualmente en esa situación.

Para las familias que iniciaron sus trámites en Bucarest antes de la entrada en vigor de la Ley de Protección del Menor, en enero pasado, una disposición transitoria contempla la posibilidad de obtener a posteriori el certificado de idoneidad. La regularización de estas situaciones es, nuevamente, distinta en cada comunidad.

"Hay personas, de cuya buena fe no dudo, que han traído niños rumanos a España por procedimientos ilegales", señala Esperanza García. "Desde principios de este año, no se les inscribe en el Registro Civil, ni en los registros consulares, ni obtienen visado. No se trata de trabas burocráticas, sino de forzar a una vía legal imprescindible para garantizar que no se vulneran los derechos del menor. Lo demás son puertas abiertas al tráfico de niños".