El fiscal general advierte que no descarta acusar al ex jefe del Gobierno

BONIFACIO DE LA CUADRA El fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, respetó ayer finalmente el criterio de la Junta de Fiscales y optó por "no interferir" en la decisión de no pedir al Tribunal Supremo la imputación de Felipe González en el caso GAL. Pero no se quedó callado. En plena deliberación de la Sala Segunda hizo pública una nota en la que advierte que no descarta actuar contra el ex presidente del Gobierno "si surgen nuevos elementos". "A estas alturas y en estas circunstancias" dice la nota, "el fiscal ha creído un deber no interferir con su particular criterio". Úrculo justifica la renuncia de sus deseos más personales en aras de "la coherencia y unidad de actuación del Ministerio FiscaI"; pero avisa que la decisión podría modificarse en el futuro.

El inesperado pronunciamiento del máximo representante de la fiscalía, cuando sus subordinados estaban diciendo en la vista pública lo que tuvieran que decir, responde a la técnica innovada por este fiscal general del Estado: combinar una aparente discreción sobre los asuntos judiciales con la emisión de notas oficiales sobre tales cuestiones, incluso si se están decidiendo.Ortiz Úrculo, recuerda que el 5 de septiembre de 1995, durante el mandato de su antecesor Carlos Granados, la Junta de Fiscales de sala acordó -por ocho votos "frente a seis", recuerda- no pedir la citación como imputados de los tres aforados: Felipe González, Narcís Serra y Txiki Benegas. Y que el pasado 30 de octubre, a la vista de que había existido algún aporte probatorio nuevo [las declaraciones del procesado ex director de la Guardia Civil Luis Roldán], convocó al mencionado máximo órgano de asesoramiento del fiscal general "para determinar si podía considerarse ese aporte probatorio con relevancia suficiente como para cambiar la postura que el Ministerio Fiscal venía mantenimiendo".Junta de fiscales dividida

El fiscal general asegura que, "a pesar de los pequeños cambios sufridos en las personas que componen la Junta de Fiscales de Sala, es lo cierto que continúan divididos en la misma proporción". Sin embargo, omite que el acuerdo de la junta de sala del 30 de octubre se produjo por unanimidad. Se limita a decir que "ni los fiscales encargados del caso (...) ni los demás fiscales de sala consideraron bastante esta prueba para justificar una rectificación". Ya entonces Ortiz Úrculo advirtió que se reservaba dar a los fiscales del caso las órdenes que considerara oportunas. A la hora de la verdad, no modificó las de Granados.

Pero Ortiz Úrculo no se adhiere al acuerdo de la junta. "En este asunto, a estas alturas y en estas circunstancias, el fiscal general del Estado, señor Ortiz -señala la nota oficial-, ha creído un deber no interferir con su particular criterio, ni para abundar o agregar algo a la postura reiteradamente sostenida por el Ministerio Fiscal ni para sustituirla por otra, por estimar que así lo exige la coherencia y unidad de la actuación del Ministerio Fiscal y su imparcialidad".

La nota oficial difundida por Ortiz Úrculo puntualiza "que no se trata de que la Junta de Fiscales de Sala vincule o determine la decisión del fiscal general del Estado, ya que simplemente tiene la función de asesorarle, sino que en esta circunstancia concreta el fiscal general del Estado ha decidido no modificar la postura del Ministerio Fiscal por las razones antes expuestas". Añade "que la presente decisión no condiciona otras distintas que, de existir nuevos elementos a tener en cuenta, puedan adoptarse a lo largo de la instrucción de esta causa, no concluida".

Por último, Ortiz Úrculo manifiesta "que tampoco significa que la cuestión discutida se sustraiga al conocimiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que ha sido planteada por las partes recurrentes y por ello el Tribunal Supremo tiene en todo caso la posibilidad de decidir".

El particular criterio de oportunidad de Ortiz Úrculo y el seguro eco de las opiniones del titular de una institución tan importante permiten al fiscal general estar presente en todas las decisiones judiciales que desee y le compensa de los tiempos en que, como portavoz de la Asociación de Fiscales, no siempre conseguía colocar en los medios sus comunicados.