Responsabilidad
Circula una fórmula referida al caso GAL que de tanto repetirla ha terminado por parecer políticamente correcta. Por ella se nos dice que: una vez resuelta con las últimas elecciones generales la responsabilidad política (1), sólo queda por ventilar la responsabilidad judicial (2), que debe quedar al sólo arbitrio del Supremo. Semejante aseveración, lanzada en su día desde las filas socialistas como finta distractiva para eludir responsabilizarse, ha sido después aceptada como doctrina oficial por el actual Gobierno, que prefiere pasar página para guardarse una póliza de seguros con la que mantener amordazada a la oposición. Pero eso no le añade a la jaculatoria ningún poder de convicción, siendo posible discutirla en sus dos términos.Puede comenzarse por la claúsula que parece más sólida, que es sin duda la segunda: aquélla que atribuye a la justicia la capacidad de depurar a plena satisfacción las responsabilidades jurídico-penales. Desde un punto de vista formal, este aserto resulta inatacable a primera vista. Pero sin embargo, puede parecer menos convincente si se contempla a la luz de otras consideraciones pertinentes que, aunque no lo desvirtúan, sí, desde luego, lo matizan. Y es que, en un caso como éste del GAL, no hay forma de fijar y de limitar con precisión indubitable todas las responsabilidades exigibles.
En efecto, la responsabilidad jurídico-penal sólo puede ser personal, es decir, individual e intransferible: quién hizo qué y cómo debe repararlo. Así sucede, por ejemplo, con los crímenes privados, como los financieros o los pasionales, cuya completa responsabilidad puede ser perfectamente atribuída a sus autores. Pero los crímenes políticos, como Bruto apuñalando a César, no son personales sino colectivos: es Fuenteovejuna entera la que se corresponsabiliza en común, por mucho que lo haga delegando la decisión en Brutos individuales. Y si la responsabilidad por los crímenes políticos se personaliza, como están obligados a exigir los tribunales, entonces se desvirtúa la auténtica responsabilidad colectiva, que de estar diluída entre todos pasa a quedar concentrada en unas pocas cabezas de turco, lo que implica exculpar a los demás responsables: incluídos sus precursores.
Por lo que hace a la otra claúsula, que da por ya depurada toda responsabilidad política, resulta mucho mas discutible, y sin embargo se la esgrime con sorprendente soltura. El propio González declaraba recientemente a LaVanguardia: "No es disparatado que los ciudadanos piensen que tengo responsabilidades en los GAL, pero esa responsabilidad ha quedado dilucidada en las umas" (20-X-96). ¿Qué se quiere decir aquí usando la voz dilucidar? Es cierto que las últimas elecciones generales le permitieron a González asumir su responsablidad política. Pero lo que esto significa es que, en efecto, los electores le responsabilizaron del GAL, ya que le apartaron del poder. Por eso es preciso que González, así responsabilizado, obedezca el mensaje electoral, ofreciendo la respuesta que no ha dado todavía. Y su deber político es responder, explicando qué pasó con los GAL. Pues mientras no lo haga, la carga de la sospecha seguirá ensombreciendo nuestra vida pública, impidiéndonos recobrar la buena conciencia ciudadana y distorsionando gravemente cualquier posible agenda política.
Hay estados de necesidad en que resulta legítimo infringir la ley en conciencia. Y el ejemplo que pone Savater es la tortura como último recurso para salvar la vida de un hijo secuestrado. Pero para legitirnarse, esa infracción precisa ser después confesada, asumiendo en público su responsabilidad: fui yo, al creer en conciencia que era mi deber vulnerar la legalidad. Y en el caso GAL, todavía no ha asumido nadie esa responsabilidad. Es comprensible que tal explicación no se diese en su momento, para no afectar al crédito de instituciones como la milicia, las fuerzas de seguridad o el Gobierno. Pero una vez fuera del poder, ya no hay motivos legítimos para rehuir una pública explicación, cuyo ofrecimiento no se puede seguir dilatando más.
