Funerarias, no a cualquier precio

La incorporación de capital privado a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios fue una de las primeras manifestaciones de la corriente privatizadora traída por el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento madrileño. Estamos hablando de 1992. El PP estrenaba mayoría absoluta y quería ensayar en Madrid un modelo de gestión radicalmente opuesto al de los anteriores gobiernos de izquierda. Después de realizar tibios ensayos en el área cultural y deportiva comenzó a jugar en serio al conceder el 49% de las acciones de la empresa funeraria a un socio externo. Se trataba de la primera apuesta fuerte por incorporar la iniciativa privada a lo que tradicionalmente se ha considerado un servicio esencial y de ineludible responsabilidad para los gestores públicos. La privatización de la funeraria supuso un punto y aparte por su, cuantía. económica y la concepción cultural de sus prestaciones¿El grupo socialista se opuso entonces a la operación. No por una defensa dogmática de la cosa pública sino porque nos pareció que la operación había sido confusa y el proceso lleno de irregularidades. La privatización estuvo precedida por una deliberada mala gestión de la empresa.

El PP hizo todo lo posible para demostrar que Ja gestión socialista, a pesar de generar dividendos y mantener las tarifas en un 139% más baratas que las actuales, se trataba de un negocio ruinoso, sobresaturado de personal, con una administración obsoleta. En definitiva, un muerto con el que no podía tirar un Gobierno.

Después de vender la empresa al módico precio de 100 pesetas, la funeraria -ya en manos privadas- demostró ser una empresa capaz de generar millonarios dividendos. Lo cual contribuyó a poner en evidencia los vaticinios socialistas. Esto es, que la traída y llevada mala gestión sólo había sido una minuciosa operación de acoso y derribo para entregar una empresa solvente a un privado.

Cuando han transcurrido cuatro años de aquello, tenemos los datos suficientes para afirmar que en el aspecto social la cosa no ha ido mal. La plantilla no ha sufrido la temida reducción que suele aparejar cualquier proceso privatizador, y los servicios se han mantenido en unas condiciones más que dignas, y, eso si, a unos precios muy superiores que si hubiese sido municipal ciento por ciento. Además, la empresa ofrece. un balance de resultados que permite la constante mejora de las instalaciones y los, servicios.Y en éstas estábamos cuando el Gobierno Aznar decidió estrenar su furia neoliberal con un decreto que en muchos casos, Madrid, por ejemplo, sólo complica una situación que había sido resuelta satisfactoriamente tras hacer muchos equilibrios y gracias a la responsabilidad socialista. La liberalización de los servicios funerarios abre el mercado a la libre concurrencia, sin otro argumento que la posible rebaja de precios propiciada por la competitividad.

Así que estamos, otra vez, a vueltas con la funeraria, metidos en un berenjenal innecesario provocado por el PP que sólo conseguirá emponzoñar el ambiente. El grupo socialista rechaza una vez más una iniciativa que no mejorará el servicio ni la rebaja de los precios a los madrileños y únicamente aportará intranquilidad. Intranquilidad a los trabajadores de la empresa mixta por cuanto competir con otras empresas prestando servicios inferiores puede amenazar su puesto de trabajo. Intranquilidad a los madrileños porque una oferta disparada les puede dejar a merced de empresarios poco escrupulosos. Intranquilidad en el parque empresarial, bastante familiarizado, por desgracia, con las leyes de la selva.

Olvida también el Gobierno que una empresa funeraria no fabrica electrodomésticos. Y que, aunque maneja números, también sentimientos. No se olvide que vivimos en un país donde la muerte excede al hecho físico y entran en juego tradiciones y creencias a las que no se puede tratar a decreto limpio. Por eso, la ordenanza reguladora de los servicios funerarios debe garantizar los derechos laborales y las prestaciones exigibles a asistencias de está, naturaleza. Quizá no todos los aspirantes se encuentren en condiciones de cumplir los requisitos, pero se trata de un asunto que no puede dejarse enteramente al albur del libre mercado. Nos oponemos al decreto liberalizador, pero una vez aprobado decimos no a la regulación, y desde luego, no a cualquier precio. Porque nos tememos que este decreto sólo permitirá la piratería con el dolor de las familias en el momento de la muerte.

Quizá convenga salir a la calle estos días. Visitar los cementerios. Observar a las gentes volcadas en el recuerdo a sus seres queridos. Un ritual que nace de un sentimiento profundo y de respeto a nuestros difuntos que ninguna actuación gubernamental puede avasallar. Ni siquiera invocando las leyes del libre mercado.