El desbarajuste

EL ACUERDO alcanzado con el PNV en abril, en vísperas de la investidura de Aznar, permitió a algunos dirigentes del PP jactarse de haber logrado en dos meses lo que ni Suárez ni González habían conseguido en años. Todos entendimos que era un paso muy positivo para el Estado de las autonomías. El pacto rectificaba aspectos esenciales del mensaje electoral del PP, pero sólo sus efectos sobre el conjunto del sistema autonómico permitirían distinguir lo que en la rectificación había de clarividencia y cuánto de oportunismo. Seis meses después, aquella euforia del PP ha dado paso a un visible desconcierto. La rapidez del giro ha impedido al Gobierno encajar las nuevas posiciones en un marco coherente, y la impresión que transmite es de desbarajuste.Puede que la responsabilidad no sea sólo del PP, pero es indudable que la marea del agravio comparativo se está extendiendo de manera imparable. Rodríguez Ibarra pide un referéndum para impugnar la cesión del 30% del IRPF pactada por Aznar y Pujol al mismo tiempo que este último sugiere la equiparación de Cataluña con el País Vasco y Navarra. El Gobierno de Navarra, dirigido por la UPN, versión local, del PP, aprueba un sistema de rebajas fiscales como el aplicado por las diputaciones vascas, que ha sido recurrido por el Gobierno central y varias comunidades limítrofes también regidas por ese partido. Y para completar el cuadro, el Gobierno de Aznar acuerda con el PNV una revisión del concierto económico cuyo, contenido no se revela, pero del que se sabe que convalida esa posibilidad de modificar a la baja el impuesto de sociedades, y concede a Euskadi la recaudación de los impuestos especiales, reclamada sin éxito por la comunidad andaluza.

El concierto vasco, aprobado en 1981, tiene vigencia hasta finales del año 2001. Su redacción ha sufrido algunas modificaciones, pero mantiene los criterios de armonización fiscal establecidos en su día: fundamentalmente, el que determina que la aplicación del concierto "no podrá implicar una presión fiscal efectiva global inferior" a la existente en el resto de las comunidades. Desde el País Vasco, y no sólo en medios nacionalistas, se sostiene que no está demostrado que exista una presión fiscal global inferior a la media, porque las ventajas existentes en materia de exenciones, deducciones, etcétera, se compensan por la mayor eficacia recaudatoria. La otra cara del concierto es el cupo: el sistema por el que el País Vasco contribuye a los gastos generales del Estado en relación a las competencias no asumidas. Todos los expertos coinciden en que el sistema ha resultado en la práctica muy beneficioso para Euskadi, cuyo Gobierno ha dispuesto de una capacidad de gasto muy superior a la media (lo que a su vez ha permitido reducir los efectos de la crisis industrial).

En cualquier caso, el concierto, tiene base estatutaria y constitucional, y cuestionarlo ahora por considerarlo un privilegio (y no un derecho como sostienen los nacionalistas) carece de sentido: la vuelta atrás es tan improcedente como la extensión de ese sistema, excepcional por definición, a otras comunidades. Si, como propuso Pujol para Cataluña, cada comunidad recaudase la totalidad de los tributos, una parte de los cuales serviría para contribuir a los gastos generales, incluyendo una partida de solidaridad para las autonomías menos desarrolladas, sería imparable una dinámica de desvinculación entre comunidades ricas y pobres, al estilo de la aventura padana de Bossi. Esta perspectiva confederal puede resultar atractiva para ciertos sectores radicales, pero no sería razonable esperar su impulso desde el propio Estado.

Ello remite a la cuestión de sí habría o no que establecer algunos límites frente a la aparente insaciabilidad de los nacionalismos, especialmente cuando no encuentran resistencias políticas. Es un asunto complicado, como demuestra la experiencia de la LOAPA, que fue anulada por sentencia del Constitucional. Sin embargo, no hay Estado que pueda subsistir a las tensiones de un cuestionamiento permanente de su propia estructura, incluyendo el desencadenamiento de una dinámica de agravios comparativos cada vez que se negocian los Presupuestos. Los nacionalistas deberían ser los más interesados en el afianzamiento y eficacia del Estado autonómico como marco en el que plasmar sus aspiraciones. Ello implica plantear éstas teniendo en cuenta sus previsibles efectos en el sistema. Y, desde el lado del Gobierno, resistir a las exigencias nacionalistas de forzar los límites aprovechando la capacidad de intimidación que resulta del carácter imprescindible de sus apoyos parlamentarios o de su capacidad desestabilizadora en asuntos delicados como el de los presos de ETA. Si para ello fuese necesario algo parecido a un pacto de Estado como el propuesto por González, bien venido sea. Hay que recuperar la sensatez autonómica ya.