El Gobierno denegará el paro a 155.000 personas en 1997 dentro de Ia lucha contra el fraude

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, anunció ayer que el Gobierno prevé ahorrar 265.000 millones en 1997 dentro del plan de lucha contra el fraude en Seguridad Social y desempleo. De esa cifra 160.000 millones corresponden a ahorro en el gasto de protección por desempleo, que se pretende lograr denegando 155.000 solicitudes de seguro de paro. Los restantes 105.000 millones corresponden a irregularidades en la Seguridad Social. Fuentes de Trabajo mostraron su malestar porque se haya dado a conocer datos de un informe interno.

Miguel Angel Rodríguez reveló que el ministro de Trabajo, Javier Arenas, expuso ante el resto de los miembros del gabinete un informe de actuación en el que ya se recogen los primeros resultados por las medidas que se están empezando a tomar. El secretario de Estado de Comunicación explicó tras el Consejo de Ministros que Trabajo ha decidido dotar de más personal a las unidades encargadas de impedir lo que denominó "fraude social".El plan de lucha contra el fraude en Seguridad Social en 1997 pretende lograr un ahorro que superará los 105.000 millones de pesetas. A ellos hay que sumar " 160.000 millones de ahorro en las prestaciones de desempleo ya que se piensan denegar 155.000 solicitudes de seguro de paro", según manifestaron fuentes de Moncloa a este periódico. En total se persigue un ahorro de 265.000 millones. En el Ministerio de Trabajo, por su parte, se mostraron sorprendidos de que Moncloa hubiera dado a conocer datos de lo que consideran un informe interno.

No obstante, ni en Moncloa ni en Trabajo quisieron facilitar más detalles sobre el plan ni las razones por las que se va a denegar un número tan elevado de prestaciones por desempleo, que supone en tomo al 10% de los actuales beneficiarios de la cobertura, del paro. Presumiblemente una de las causas será la puesta en marcha de medidas incluidas en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, entre ellas que se retirará el seguro de paro a quienes rechacen una oferta de empleo de las agencias privadas de colocación y la aplicación severa de otra medida en vigor, consistente en suprimir el pago del desempleo a quienes no acepten cursos de formación ocupacional u ofertas de empleo de las oficinas del Inem.

Rodríguez también aseguró que se ha comprobado que el número de pensiones cuyos titulares superan presumiblemente el nivel de rentas exigido para cobrar el complemento de mínimos son 174.512. En la prestación familiar por hijo a cargo se ha suspendido cautelarmente el pago a 115.000 perceptores y se ha dado la baja definitiva a 52.338 familias. Con ello se ha conseguido un ahorro de 1.413 millones de pesetas. En el control de defunciones de pensionistas y de matrimonios de beneficiarios de pensiones de viudedad se han logrado 65.906 bajas y se han reclamado 175.000 mensualidades a las entidades financieras por un importe total de 9.732 millones de pesetas.También se ha detectado que cinco millones de personas reciben del Estado prestaciones por incapacidad laboral con una media de 207 días de baja y un coste total de 270.000 millones. Mientras tanto nueve millones de trabajadores dependientes de mutuas tienen una media de 47 días de baja laboral por un importe global de 230.000 millones.

Incapacidad laboral

Un convenio contra ese tipo de fraude firmado con Cataluña ha reducido el gasto en un 3% en un mes y el Gobierno tiene intención de suscribir convenios similares con varias autonomías para tratar de reducir ese gasto. Según el portavoz del Gobierno, se pretende aproximar las primeras cifras de incapacidad laboral a las de las mutuas. Paralelamente los ministerios de Justicia y Trabajo van a colaborar para que no se cobren indebidamente pensiones de familiares fallecidos.El ministro de Trabajo declaraba por la tarde en Córdoba que en 1997 quiere mejorar la gestión en el Inem, luchando contra el cobro fraudulento de prestaciones, y también en la Seguridad Social, con medidas que impidan el fraude referido al cobro indebido de pensiones y a la morosidad de las empresas con la Seguridad Social, elementos con los que "se reducirá el gasto público en unos 200.000 millones. de pesetas". Javier Arenas no dio más detalles del plan de lucha contra el fraude aunque sí hizo un llamamiento a las empresas morosas para que negocien convenios de aplazamiento con la Seguridad Social en el pago de cuotas.