El voto 'verde' apuesta por Clinton

El Sierra Club, con 600.000 afiliados, fue creado en 1892 por John Muir, pionero en la conservación de la naturaleza en EE UU y padre de la declaración de Yosemite como parque nacional en 1890. Muir fundó el Sierra Club "para que fuera capaz de hacer algo por la naturaleza y para poner contentas a las montañas". El club es ahora un poderoso grupo de presión que ha dedicado seis millones de dólares (750 millones de pesetas) a la campaña electoral y que está poniendo contentos a los demócratas, igual que otros grupos de presión que, aunque con reservas, canalizan el voto verde hacia el presidente Clinton, que se beneficia del prestigio de Al Gore en este campo.La Liga de Votantes Conservacionistas, con 20.000 influyentes miembros, dedica 1,5 millones de dólares (188 millones de pesetas) a denunciar a "los 12 candidatos más sucios", los congresistas que destacan por su política antiecológica. La Federación Nacional de la Naturaleza, con 4,5 millones de afiliados, tiene una sede en el centro de Washington en la que trabajan naturalistas, científicos, especialistas en relaciones públicas y abogados. Greenpeace cuenta con una red nacional de colaboradores gracias a la cual puede llamar a 40.000 puertas cada día para llevar a cabo sus campañas. Una alianza de todos estos grupos dedicó en 1995 medio millón de dólares a combatir en prensa, radio y televisión los planes del Congreso republicano para desmantelar las leyes de protección de la naturaleza.

A la luz de estos datos, no es extraño que jefes de tribus indias de EE UU que representan a 250.000 nativos americanos hayan respaldado públicamente la reelección de Bill Clinton por su defensa del medio ambiente y, lo que es más importante, que los ciudadanos tengan la imagen de que los demócratas garantizan mejor que los republicanos el mantenimiento de las normas sobre pureza del agua y del aire y la defensa de los parques nacionales y los refugios de la naturaleza.

En los dos primeros años de su mandato, Clinton desilusionó a los que habían puesto grandes esperanzas en sus declaraciones ecológicas: no subió los impuestos sobre la energía y aplazó la reforma de las leyes de explotación minera y forestal en beneficio de las grandes empresas.

Pero la llegada de los republicanos al Congreso en 1994, su carga de caballería contra la regulación medioambiental y la reacción contraria de la opinión pública -incluidos los votantes conservadores abrieron los ojos al presidente, que en los dos últimos años ha vetado las leyes desreguladoras, ha negociado compromisos con verdes y empresarios, ha evitado el recorte de presupuestos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente y ha tenido iniciativas como la declaración de monumento nacional de más de medio millón de hectáreas en el sur de Idaho y la prohibición de explotaciones mineras de oro cerca de Yellowstone.

Los republicanos se han ganado a pulso su mala imagen. Uno de los objetivos de la revolución conservadora que ganó las elecciones legislativas de 1994 fue el desmantelamiento de la normativa medioambiental de los últimos 25 años. En palabras de Newt Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes, esas leyes son "absurdamente costosas, han creado más resistencia de lo que era necesario y han desviado recursos debido a las relaciones públicas o a sentimientos emocionales sin tener en cuenta la racionalidad científica, técnica o económica".

Pero los norteamericanos, sin distinción de simpatías políticas, no están de acuerdo en que los espacios naturales se abandonen a su suerte o a la explotación minera o inmobiliaria, ni en anular las reglas que imponen determinados niveles de pureza del aire y del agua, y reaccionaron en contra, como lo demuestra un sondeo de The New York Times en el que el 57% está de acuerdo -contra un 32%- en que hay que proteger el medio ambiente incluso si eso significa el riesgo de perder empleos.

La reacción de la opinión pública y el oportunismo de Clinton han puesto a los republicanos a la defensiva: el Congreso no ha desmantelado la regulación de medio ambiente y la Casa Blanca ha cosechado el crédito político. Bob Dole no habla prácticamente del asunto, excepto para denunciar un exceso de intervención del Gobierno. Clinton se opone a permitir nuevas explotaciones petrolíferas en Alaska, a suprimir el Departamento de Energía, a paralizar la elaboración de una nueva lista de especies amenazadas y a hacer depender la regulación medioambiental exclusivamente de los análisis sobre costes y beneficios. Dole apoya lo contrario en cada uno de estos casos.

Con un presidente que le encanta que le comparen con su antecesor Teddy Roosevelt -el primer mandatario de EE UU preocupado por la naturaleza, que tomó decisiones para protegerla, pensando en el disfrute de las generaciones futuras-, y con un candidato que aparece como indiferente, en el mejor de los casos, no es extraño que el 48% de la población piense que la Casa Blanca protege mejor la naturaleza que el Congreso, y que Albert Hale, presidente de los navajos, compare el Contrato con América de Newt Gingrich con los tratados indios violados por los Gobiernos de Washington en el pasado.