El Ministerio de Medio Ambiente tiene ahora menos dinero que cuando era sólo secretaría de Estado
El PP creó el Ministerio de Medio Ambiente, pero no ha reservado más dinero en los Presupuestos Generales del Estado. Al contrario, lo ha bajado. El Gobierno calcula el recorte en un 2% respecto al presupuesto de este año, según las cuentas que hizo ayer Benigno Blanco, secretario de Estado de Agua y Costas. El PSOE cifra el descenso en torno al 10%, según la diputada Cristina Narbona. El ministerio de Isabel Tocino contará el próximo año para inversiones con casi 200.000 millones de pesetas.El análisis del presupuesto se hizo ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso. Fue una sesión histórica, porque era la primera vez que se reunía la recién creada comisión de Medio Ambiente del Congreso y la primera vez que se presentaba un presupuesto de un Ministerio de Medio Ambiente. A hacer cuentas no fue la ministra, sino un secretario de Estado y un secretario general.
"No basta con tener un ministerio de medio ambiente, sino voluntad política de darle prioridad a este tema", resumió Narbona, que fue secretaria de Estado de Medio Ambiente con el PSOE. Francisco Frutos, de IU, concluyó: "Comprendo que son años de penitencia maastrichtiana [en referencia a los criterios de convergencia de la UE acordados en Maastricht], pero se ha creado un ministerio de medio ambiente y, en conjunto, hay menos dinero para esto".
Tanto Benigno Blanco como Borja Cardelús y Muñoz-Seca, secretario general de Medio Ambiente, se remitieron a la austeridad del presupuesto.
Aunque todos reconocieron el descenso, las diferencias de interpretación de PP y PSOE se basan en que el cálculo presenta su dificultad, ya que hasta ahora las competencias verdes estaban desperdigadas con el Gobierno socialista en varios departamentos.
De esa cantidad de 200.000 millones de pesetas de inversiones reales -más de tres veces lo que cuenta en total el Ministerio de Cultura, por ejemplo-, casi la cuarta parte está reservada a "aportación patrimonial a empresas promotoras de infraestructuras", lo que para Narbona supone "abrir la puerta a la privatización del dominio público hidráulico". Para Blanco, se trata de un "inocuo" ajuste de las -concesiones que para nada vulnera el espíritu de la Ley de Aguas.
La gran tajada de ese dinero se la llevan las obras hidráulicas -98.000 millones mas buena parte de esos 45.000 millones de acompañamiento-; sin embargo, los recortes más serios afectan a los programas más ambientalistas, como son los de deslinde de costas y ríos y recuperación de riberas.
