Menem desata la guerra contra mafias y corruptos

La opinión pública argentina sigue muy atenta el curso de causas por corrupción relevantes; la violencia ejercida contra el juez que investiga la mafia del oro; la detención por narcotráfico de Guillermo Coppola, representante del futbolista Armando Maradona y amigo personal del secretario del presidente, y las diligencias contra una monumental operación de contrabando de mercancías por más de un billón de pesetas durante cuatro años de matute. Los circuitos de la corrupción son tan complejos, y el asunto del contrabando de tal envergadura que el jefe del Estado, Carlos Menem, compareció en la red oficial de radio y televisión prometiendo asumir personalmente la lucha contra delincuentes y mafias que envenenan el funcionamiento de las instituciones, y reducen sensiblemente la recaudación del Estado.

El alarmante incumplimiento del séptimo mandamiento en Argentina, y el nulo propósito de la enmienda demostrado por la mayoría de los infractores, sublevó al arzobispo de Buenos Aires, cardenal Antonio Quarrachino, quien recientemente propuso colgar en los despachos oficiales recordatorios del mandamiento burlado: "No robarás".La primera medida de Menem fue intervenir la Administración Nacional de Aduanas. Pese a las dudas de la oposición sobre la sinceridad del compromiso, y el escepticismo de muchos, las garantías dadas por el jefe de Estado tuvieron un eco favorable en una sociedad harta de crema de chantillí, porcentaje reclamado por los funcionarios corruptos.

El desafío por delante es tan grande como diferentes los escenarios y casos: un total de 70.000 expedientes de habilitación fueron retenidos en Buenos Aires, a la espera de pagos extras para acelerar el trámite, abuso que en su día llevó a la disolución de la Subsecretaría de Inspección General. Algo se mueve en la adopción de sanciones: el día del mensaje presidencial, un juez federal prohibía la salida del país del empresario, Alberto Samid, exdiputado peronista, acusado de evadir unos 6.860 millones de pesetas. La misma cautela se aplicaba a otras 48 personas tras comprobarse una defraudación impositiva en el comercio de ganados y carnes, con compañías fantasmas, próxima a los 90.000 millones de pesetas.

"Me alegra mucho que ahora el presidente haya decidido ponerse al frente de las luchas contra las mafias aunque va a necesitar ayuda porque es una tarea muy dificil", declaró el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, quien levantó un revuelo considerable el pasado año al denunciar la zapa de mafias cerca del poder, y citó al empresario postal Alfredo Yabrán como capo de esas fraternidades". No tardó Yabrán en querellarse.

Grupos organizados

Cavallo, decidido a entrar en política con la limpieza como estandarte, asegura que el problema de Argentina no es económico: "Son los grupos organizados que crean los mecanismos para favorecer el contrabando, el narcotráfico y el comercio de armas".En tanto, los galpones militares habilitados al efecto y el juzgado competente no dan abasto con los vagones de contrabando confiscados, y las requisitorias emitidas contra los funcionarios prófugos y sus cómplices. Según Rubén Manusovich, presidente de Fedecámaras, cerca de 40.000 comercios debieron cerrar y cerca de 200.000 personas perdieron su trabajo arrollados por la masiva entrada de vídeos, coches, palos de golf o pañales, sin pagar impuestos ni aranceles.

La judicatura, desprestigiada al contar entre sus filas con magistrados a sueldo del reo, o comprometidos políticamente en la interpretación sesgada de una batería de leyes o mecanismos procesales, parece reaccionar favorablemente con una vanguardia de jueces decentes, que se juegan el tipo en la investigación de los casos. Un grupo de cinco escruta a 3.000 funcionarios del gran Buenos Aires, desde concejales de Avellaneda a empleados del catrastro de Lomas de Zamora.

La cámara oculta de una emisora de televisión grababa la pasada semana al director de Prevención de Salud de la municipalidad de Lanús pidiendo 8.890.000 pesetas a unos supuestos empresarios médicos a cambio de garantizarles una subasta.

El joven fiscal federal Pablo Lanusse constituye un ejemplo de los riesgos asumidos en algunas vistas. Lanusse trata de llegar hasta el final en la millonaria estafa ejecutada contra el Estado mediante el ilegal cobro de reintegros por la exportación de oro. Teme por su vida, y no es para menos: le han cortado la cara en dos ocasiones. "La próxima vez te vamos quemar por aquí", le dijeron apuntando al mentón con una pistola. Lanusse acusa desánimo y no descarta abandonar: "Yo ya puse mi granito de arena para que un hecho tan trascendental saliera a la luz y tuviera el trámite judicial adecuado. Ahora estamos pensando si llegó el momento de dar un paso al costado".