Un acuerdo para el siglo XXI

El acuerdo sobre pensiones con vigencia hasta el año 2000 que ayer firmaron el Gobierno y los sindicatos todavía no ha acabado su andadura y se plasmará en un proyecto de ley específico que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar a mediados de este mes. La Ponencia parlamentaria y la comisión de seguimiento que constituirán el Gobierno y los sindicatos, a la que será invitada la patronal CEOE, se encargarán de controlar la aplicación de esa norma y del estado presente y futuro del sistema de Seguridad Social.El desarrollo del Pacto de Toledo suscrito por todos los grupos parlamentarios en abril de 19-95 queda así en el acuerdo Gobierno-sindicatos:

1 Separación de las fuentes de financiación. Las prestaciones contributivas se financiarán con cotizaciones, mientras que las pensiones asistenciales y la sanidad se nutrirán mediante las aportaciones del Estado vía impuestos. La fecha límite para la aplicación de esa medida es la ley de Presupuestos Generales del año 2000 y previsiblemente se inicie el proceso en 1998, ya que en los próximos presupuestos se mantiene la financiación vía cotizaciones de una parte de las prestaciones universales por una cantidad total de 665.000 millones de pesetas.

2 Constitución de reservas. Los excedentes que generen las cotizaciones sociales se destinarán a un fondo de reserva para atender necesidades futuras y en el año 2000 se estimará su suficiencia. Por el momento, y dada la actual situación financiera, no es posible constituir ahora esas reservas. CEOE quería que parte de ese fondo se destinase a rebajar cotizaciones.

3 Mejora de las bases. El acercamiento de la cotización a los salarios reales (destopes) será gradual durante la vigencia del acuerdo y se procurará que se produzca el menor impacto posible en los costes empresariales. Se establece que para todos los grupos profesionales habrá un único tope máximo y desaparecerá el inferior que ahora afecta a los grupos profesionales más bajos. Este es uno de los principales puntos de discrepancia de CEOE, porque supone un sobrecoste en cuotas a las empresas que no se compensa con rebaja de los tipos de cotización. La regulación de las pensiones de invalidez no varía, pero antes de un año se estudiará una nueva regulación de incompatibilidades entre esa prestación y la percepción de retribuciones laborales o profesionales.

4 Financiación de los Regímenes Especiales. Se considera que las condiciones de que disfrutan los regímenes de autónomos, agrarío y empleados de hogar rompen parcialmente el grado de solidaridad y equidad dentro del sistema de Seguridad Social, obligando al resto a un esfuerzo superior. Tanto las fuerzas políticas como los sindicatos creen que se debe lograr que, a igualdad de acción protectora, exista semejante aportación contributiva. Por ello se procederá de manera gradual a aproximar las cotizaciones de los regímenes especiales a las del régimen general porque son inferiores y ahora reciben una protección similar.

5 Lucha contra la economía irregular. El Gobierno aprobó el 11 de julio un paquete de medidas de lucha contra el fraude y para reducir la morosidad.

6 Integración de regímenes especiales. En esta legislatura se estudiará la convergencia de los distintos regímenes de manera que sólo queden dos: trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena.

7 Integración de la gestión. El Gobierno prevé crear un único organismo que integrará el reconocimiento de las prestaciones (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y el pago de ellas (Tesorería General).

8 Evolución de las cotizaciones. En el documento no se dice expresamente que las cotizaciones no pueden bajar, pero todo él está impregnado de esa filosofía y deja muy claro que el montante de las cuotas tiene que garantizar el equilibrio financiero presente y futuro del sistema.

9 Equidad y carácter contributivo. Para calcular las futuras pensiones se aumenta el periodo de referencia de los 8 años actuales a 15 años de cotización. Desde 1997 hasta el 2001 se incrementará un año por ejercicio presupuestario y los dos años restantes se decidirán entonces, pero previsiblemente se apliquen de una vez. El peso de los años cotizados también se modifica: con 15 años de aportación a la Seguridad Social se tendrá derecho a un 50% de la pensión; con 25, a un 80%; y con 35 años, al 100%.

10. Edad de jubilación. El Gobierno tenia previsto incentivar el retraso en la edad de jubilación, pero los sindicatos le han convencido de que esa medida es inoportuna porque el retiro voluntario después de los 65 años es posible y el establecimiento de incentivos no ayudaría a luchar contra el paro juvenil. También ha retirado su propuesta inicial consistente en aumentar la penalización para las jubilaciones anticipadas. Su regulación se queda como está y se seguirá aplicando un coeficiente reductor del 8% por cada año que se adelante el retiro, a excepción de quienes hayan cotizado más de 40 años que la reducción se suaviza al 7%. Si el equilibrio financiero de la Seguridad Social lo requiere, se adoptarán medidas como el establecimiento de cotizaciones específicas en las empresas que apliquen jubilaciones anticipadas forzosas. En el caso de las prejubilaciones voluntarias, y en el plazo de un año, se propondrán medidas para desincentivarlas.

11. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Es la única medida dirigida a los actuales pensionistas y establece por ley la revalorización automática de las pensiones en función del IPC previsto para cada año y, cuando proceda, se aplicará una cláusula de revisión a ejercicio vencido si la inflación real es superior que la prevista.

12 Reforzamiento del principio de solidaridad. Las pensiones de orfandad se ampliarán gradualmente de los 18 años actuales hasta los 21, y hasta los 23 si han fallecido los dos progenitores. La pensión mínima de viudedad para menores de 60 años mejorará su cuantía de forma gradual hasta equiparse con las de mayores de 60 años. Las dos medidas tendrán completa aplicación en el año 2000.

13 Mejora de la gestión. El Pacto de Toledo manifiesta la necesidad de adoptar medidas para mejorar la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal y por invalidez y frenar el fraude; en esa dirección se entiende que van las medidas aprobadas por el Ejecutivo en julio.

14 Sistema complementario. El pacto Gobierno-sindicatos valora positivamente los sistemas voluntarios de fondos y planes de pensiones, pero las modificaciones para potenciarlos se estudian en otro ámbito: la subcomisión parlamentaria que analiza los sistemas de previsión social.

15 Evolución del sistema. En el Pacto de Toledo se dice que las actuales previsiones sobre el futuro del sistema público pueden alterarse significativamente en las próximas décadas. Por ello se prevé que los grupos parlamentarios realicen un seguimiento y una evaluación periódica de las magnitudes que intervienen en el equilibrio financiero de la Seguridad Social. El Gobierno va a proponer que la actual Ponencia parlamentaria no se disuelva y se encargue de la tarea de seguimiento. De esa Ponencia forma parte Izquierda Unida y tiene intención de continuar en ella aunque desde una posición crítica con los acuerdos firmados. Además, Gobierno- sindicatos han acordado constituir una comisión permanente a la que invitarán a participar a CEOE siempre que se aborde un tema de su interés. También se propone en el Pacto de Toledo que el Congreso de los Diputados cree cada cinco años una Ponencia que estudie el presente y el futuro del sistema de Seguridad Social como garantía de su continuidad. Dado que fue firmado en abril de 1995, esa tarea se debe abordar en' el año 2000 que es cuando también concluye la vigencia del acuerdo Gobierno-sindicatos.