Agricultura flexibiliza y simplifica las exigencias medioambientales para cobrar las ayudas de la PAC
El proyecto forma parte de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a los agricultores y ganaderos
El Ministerio de Agricultura busca flexibilizar y simplificar las exigencias en materia de clima y medio ambiente en cuatro de las diez denominadas Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM). Este documento es una modificación a las normas de la llamada “condicionalidad reforzada” de la Política Agraria Común (PAC), y forman parte del paquete de 43 medidas anunciadas a principios de abril para aliviar la situación del sector y recogidas en el pacto suscrito solo dos de las organizaciones mayoritarias, UPA y Unión de Uniones. Las otras dos organizaciones mayoritarias, Asaja y COAG, rechazan el acuerdo por considerarlo, entre otros motivos, insuficiente en su contenido global, en particular debido a las ausencias de sectores como el ganadero, a la vez que critican el proceso de negociación.
Esta normativa será de aplicación en la solicitud de 2024, y solo en algunos casos desde 2025, según consta en el proyecto de real decreto que se encuentra abierto a observaciones hasta el próximo 7 de mayo. El cumplimiento de estas exigencias medioambientales y climáticas tiene un impacto no menor en las ayudas que reciben los agricultores y suponen más del 40% de los casi 5.000 millones contemplados en el Plan Estratégico. En este contexto, las BCAM suponen actuaciones medioambientales de obligado cumplimiento para recibir las ayudas. Esto las distingue de los ecoesquemas o ecorregímenes, prácticas medioambientales más profundas, que cuenta con ayudas complementarias y de cumplimiento voluntario.
Agricultura plantea, de cara a la solicitud única de esta campaña y las próximas, al menos cuatro grandes modificaciones. La nueva propuesta elimina las penalizaciones y controles por condicionalidad a aquellos beneficiarios de ayudas cuya explotación sea igual o inferior a las 10 hectáreas de superficie declarada.
En relación con la exigencia de una cobertura encaminada a los suelos para evitar el deterioro de los mismos, se contempla la posibilidad de llevar a cabo acciones de laboreo poco profundas que no compacten mucho la tierra para facilitar la penetración del agua o la práctica del abonado en verde. En el caso de cultivos leñosos de pendiente superior al 10%, la cubierta vegetal, que es necesaria durante periodos más sensibles, podrá ser sustituida por restos de podas. Por su parte, en lo que se refiere a la gestión de a la labranza para evitar la erosión y la degradación de los suelos, se contempla añadir nuevas excepciones en su cumplimiento en función del tamaño reducido de las explotaciones o de la pendiente de las mismas.
En el caso de la rotación de cultivos, los agricultores podrán elegir entre diferentes prácticas para cumplir con los objetivos. Por un lado, tal como está contemplado en el Plan Estratégico, podrán optar entre una rotación tras tres años y una diversificación anual de cultivos. A la vez, se abre otra posibilidad mediante una diversificación anual de los mismos, que depende de la superficie cultivada. Si la explotación tiene entre 10 y 30 hectáreas, deberán existir al menos dos cultivos sin que el mayoritario suponga más del 75% del terreno. Si se cuenta con más de 30 hectáreas, la exigencia es de tres cultivos y que los dos mayoritarios no superen el 95%
La nueva disposición elimina la exigencia de dejar un porcentaje del 4% de tierras sin cultivar, ya que, menciona el documento, “existe un ecorrégimen que fomenta el establecimiento de estas superficies”. Para este esquema de espacios de biodiversidad, se deberá cumplir el abandonar el 7% en superficies de tierras de cultivo en secano y del 4 % en tierras de regadíos o para cultivos permanentes.
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