Air Europa: “Nunca se trató con Begoña Gómez la financiación de la SEPI por la covid”

Guardado bajo siete llaves. Así ha estado hasta ahora el contrato de financiación pública firmado en noviembre de 2020 entre Air Europa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que permitió a la compañía sobrevivir a la peor crisis que ha soportado el transporte aéreo, la del Covid-19. La ayuda, por 475 millones, fue la primera y más voluminosa concedida por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), cuyo presupuesto era de 10.000 millones para sostener empresas en jaque por la pandemia. Las condiciones también fueron las más exigentes, en lo relativo a garantías, para la aerolínea de Globalia, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Desde la dirección de la empresa se asevera que “nunca se trató con Begoña Gómez [esposa del presidente del Gobierno] el contrato con la SEPI, ni existió intermediación de la señora Gómez en ese asunto”.

Diversos medios digitales han relacionado a la pareja del presidente Pedro Sánchez con un supuesto trato de favor a Air Europa para la captación de respaldo público. Esas informaciones, de cabeceras como The Objective, El Confidencial o Voz Populi, tildadas de falsas e inconsistentes por miembros del Ejecutivo, como Óscar Puente, son la base de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias, presentada el 8 de abril en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado decidió abrir diligencias el día 16, y el presidente del Gobierno reaccionó suspendiendo su agenda el pasado miércoles. Se dio cinco días para sopesar una posible dimisión. En una carta pública, Sánchez se quejó de “los ataques sin precedentes de la derecha y la ultraderecha” contra su mujer. De momento, la Fiscalía ha reclamado el archivo de la denuncia de Manos Limpias. Tras el terremoto, el presidente desvelará su decisión este lunes.

Si el salvavidas a Air Europa fue otorgado con limpieza, o no, tanto el informe sobre la elegibilidad de la aerolínea como los planes de viabilidad y de garantías fueron auditados por Cuatrecasas, PwC y la Abogacía del Estado en nombre de la SEPI. Posteriormente, pasaron por el consejo gestor del FASEE y los vio el Consejo de Ministros. Antes, y en el entorno temporal de estas negociaciones, Begoña Gómez tuvo contactos con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia e hijo del fundador de Air Europa, por su condición de directora del IE Africa Center del Instituto de Empresa. La versión del ejecutivo es que buscó el apoyo de Gómez a proyectos de su firma de innovación en turismo Wakalua, para el que obtuvo un contrato de colaboración que fue interrumpido por la pandemia y que no se reactivó posteriormente. “Las reuniones fueron absolutamente ajenas a cualquier proceso de financiación a la compañía”, se añade desde Air Europa.

Las pérdidas acumuladas por la aerolínea de Juan José Hidalgo en 2020 y 2021 ascendieron a 1.000 millones, disparándose la deuda con proveedores. El crédito público de la SEPI fue demandado el 20 de agosto de 2020 con una cifra inicial de 400 millones; el consejo del FASEE requirió el 8 de octubre una subsanación en la solicitud presentada y, una vez resuelta, la petición se fue hasta los 475 millones tras un verano ruinoso. Las partes estamparon su firma el 11 de noviembre de ese 2020.

Los 475 millones de respaldo público se dividieron en 235 millones de crédito ordinario y 240 millones en un segundo préstamo participativo. Ambos tienen como fecha de devolución el 11 de noviembre de 2026. Estudiado el patrimonio de la familia Hidalgo, propietaria de Air Europa, la SEPI exigió garantías para el Estado por un valor cercano a los 1.000 millones. Entre ellas figuraban hoteles por más de 400 millones; las sedes de Air Europa en Pozuelo (Madrid) y Palma de Mallorca; los negocios de mantenimiento de aviones y servicios aeroportuarios en tierra, e incluso el acuerdo de venta de Air Europa a IAG. Sobre estos préstamos, el 11 de noviembre de 2023 se realizó el último pago anual de intereses, con 20 millones de euros, que totalizan 41,6 millones desde la obtención del mismo.

La compañía reclamó el año pasado a la SEPI, sin éxito alguno, una renegociación a la baja de las garantías y prendas depositadas. En otro pulso con el Gobierno, los abogados de Globalia llevaron a la vía judicial la petición de compensaciones por casi 900 millones ante el perjuicio ocasionado en su actividad hotelera y de transporte por el primer estado de alarma decretado por la crisis sanitaria. Las demandas han sido tumbadas por el Tribunal Supremo.

Última opción

La ayuda de la SEPI fue otorgada como último recurso, por lo que Globalia tuvo que demostrar que le había sido imposible levantar financiación por otra vía. Un mes antes de recibir el dinero, la empresa había dejado de pagar a sus proveedores. Por ello, en el contrato se da mandato sobre el destino de cada euro. El maná fue, por ejemplo, para los arrendadores de aviones.

En el entorno de Juan José Hidalgo, y de su hijo Javier, se explica que jamás habían firmado una financiación tan dura, pero “apretaba la urgencia”. El precio fue igual para todas las empresas rescatadas por la SEPI, no así el volumen de garantías o la intervención en la gestión. Para el crédito ordinario (235 millones) se marcó un interés fijo del 1,89%, mientras que el participativo (240 millones) arrancó con una tasa de euríbor más el 2,5%. La parte variable escaló al 3,5% en el segundo año; está en el 5% en este tercer ejercicio, y ascenderá al 7% en 2025 y 2026. El contrato incluye una cláusula por la que Air Europa pagará un 1% adicional sobre el principal del crédito participativo, lo que supone 2,4 millones extra, al concluir 2023 en beneficios.

Los Hidalgo tuvieron que aceptar la entrada de la SEPI en la gestión, con un consejo de Air Europa formado por Juan José Hidalgo y su hija María José, por parte de los dueños, mientras que la SEPI pone a dos representantes: Juan Manuel Bujía, ex director general de Aviación Civil, y César Hernández, director de Área del FASEE (acaba de sustituir a José Ángel Partearroyo). El quinto sillón lo ocupa el expresidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, como consejero delegado. Con larga experiencia en el sector turístico, esta figura fue consensuada por Globalia y la SEPI.

Además de estar intervenida, muchos de los acuerdos que Air Europa ha de llevar a la junta general de socios precisan el voto favorable de la SEPI para prosperar. Destacan los acuerdos de fusión, reducciones de capital, la modificación del objeto o domicilio social, cambios en el consejo, la remuneración de los administradores, la venta de activos o el nombramiento de una auditora que no sea una de las cuatro grandes (Deloitte, PwC, EY y KPMG).

El voto de la SEPI es determinante en las reuniones del consejo para la aprobación del presupuesto anual si este crece un 20%; la contratación de personal con más de 200.000 euros de salario anual; financiaciones por encima de los 50 millones; la venta de bienes por más del 25% del valor de los activos del balance; inversiones que vuelen por encima de los 25 millones o la firma de acuerdos de colaboración. Nada escapa del microscopio de la SEPI. Globalia, por supuesto, tuvo que obtener el plácet público para vender Air Europa a IAG, operación bajo examen de la dirección general de la Competencia de la UE.

Air Europa utilizó previamente la muleta del Instituto Oficial de Crédito (ICO) para levantar 141 millones de financiación bancaria. La firma se produjo en abril de 2020 con Santander, Bankia, Bankinter, CaixaBank, Liberbank, Unicaja, Sabadell, Banco de Crédito Social Cooperativo y el propio ICO. Este último avaló un 80% del préstamo, con vencimiento en 2028 y por el que se paga un interés del 8%. La empresa ha devuelto 29,6 millones en capital y ha afrontado 24,6 millones en intereses.

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