Rebajada la pena a un motorista condenado por criticar una marca

La Audiencia de Barcelona ha rebajado ostensiblemente la contundente condena que otro juez impuso a José Ángel Gallegos, un joven que emprendió una particular campaña contra la marca de motos Gilera por el mal resultado que le dieron dos motocicletas. A Gallegos se le ocurrió circular en su moto con un pasquín que decía: "Gilera es una estafa". También decidió repartir octavillas en concentraciones de motoristas, con ocasión de pruebas en varios circuitos de España, en las que reflejaba su enfado por el mal resultado de las dos motocicletas que adquirió en los años 1989 y 1991 a Motovespa, la firma que distribuye Gilera en España. El mismo reconoció que pudo distribuir unas 20.000 octavillas durante varios años (véase EL PAÍS del pasado 2 de mayo).Para el juez de lo penal número 3 de Barcelona, Francisco Ortí Ponte, las acciones de Gallegos contra Gílera constituyeron los siguientes delitos: injurias, castigadas con un año de prisión; calumnias, sancionadas con seis meses de arresto, y coacciones por las que le impuso el pago de una multa de 800.000 pesetas. Además, el juez de lo penal también le condenó al pago de una indemnización de tres millones de pesetas a Motovespa.

Esa condena ha quedado sensiblemente reducida por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona. Según este tribunal, la especial forma de protesta del propietario de las dos motos es un delito de injurias, en concurso con otro de coacciones, y por ello le ha impusto una multa de 500 pesetas diarias durante 11 meses. Así, la condena se reduce a una multa total de 165.000 pesetas.

En cuanto a la indemnización, el tribunal considera que la cantidad que fijó el juez, de tres millones de pesetas, "no está justificada y resulta desproporcionada". Añade la sentencia que la marca Gilera no resultó perjudicada por la protesta de Gallegos. Y lo argumenta de esta forma: "En realidad, las ventas no bajaron, ni el prestigio de la marca sufrió. Aunque la campaña del acusado indudablemente le ha resultado gravosa y no ha podido ser buena para la marca, tal cantidad no se justifica en un caso como el presente en el que la condena por daño moral debe tener un carácter mas bien simbólico, por ello la sala establece la cantidad de 100.000 pesetas".

Desprestigio

Según la Audiencia, el acusado optó por una vía ilícita contra la marca de motocicletas con la que estaba enojado. "La campaña desarrollada por el acusado tenía como fin el desprestigio de la empresa fabricante de la motocicleta por él adquirida", dice la sentencia. Y añade que Gallegos debió reclamar ante los tribunales si creía que la razón estaba de su parte y no dedicar todos sus esfuerzos a "insultar y desprestigiar a la empresa como organización".