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España reclama un espacio judicial único, sin asilo para los europeos

Xavier Vidal-Folch

La prioridad española para la reforma de Maastricht es la creación de un espacio judicial y policial europeo único, que excluya el asilo para los nacionales de Estados de la Unión. La diplomacia española ha presentado ya textos sobre este objetivo (también sobre empleo y ciudadanía europea), y el presidente del Gobierno, José María Aznar, insistirá en él durante la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno del próximo sábado.

El Gobierno considera que el objetivo de "una cooperación estrecha" en asuntos de Justicia e Interior "resulta hoy demasiado genérico", indica en su texto, y que, por tanto, debe ampliarse a la ambición de "establecer un espacio único de libertad, seguridad y justicia en la Unión". Ésta es la única respuesta, la transnacional, a las redes de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, porque "se amparan en la creciente facilidad a los movimientos transnacionales".

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Así pues, y dado que los Quince se supone que son democracias basadas en los derechos humanos, "resulta contradictorio e injustificable que un nacional de un Estado miembro pueda ser acogido en otro Estado miembro como refugiado o asilado político". El derecho de asilo a perseguidos por delitos políticos sólo se aplicará a nacionales de terceros países.

La propuesta incluye que Europol amplíe sus competencias (hoy circunscritas al intercambio y tratamiento científico de la información) con el fin de que pueda "actuar en la fase operativa policial". Se trata de que Europol se convierta, del actual híbrido entre Interpol y el FBI, en una agencia más parecida a esta última. Y se redondea con la idea de que, en casos de terrorismo y narcofráfico, las policías nacionales puedan "penetrar y actuar en territorio de otro Estado miembro".

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