Un ajuste de circunstancias

Los Presupuestos para el año próximo están cuadrados con un déficit del Estado del 2,5% del PIB, equivalente a 1,99 billones de pesetas. Esta cifra implica un ajuste o cobertura adicional de, 1,7 puntos del PIB de 1996 (1,25 billones de pesetas). Es decir, el Gobierno ha tenido que compensar, recortando gastos o aumentando ingresos, más de un billón de pesetas. Las partidas que soportan ese ajuste atañen a los funcionarios, a través de la congelación salarial y el recorte de gastos generales; a las infraestructuras públicas y a las empresas públicas, a las que se recorta en tomo a 150.000 millones. Este ajuste es coherente con la, ideología defendida por el Gobierno: la contracción del sector público estimulará la actividad del sector privado.La expectación sobre cómo se las arreglaría el Gobierno para cerrar la brecha de 1,7 puntos del PIB (equivalentes, supuesto un Producto Interior Bruto de 74 billones) 1,25 billones necesarios para situar el déficit en el criterio de convergencia está más o menos satisfecha. Rato y su equipo proyectan para el próximo ejercicio la generación de un superávit primario (el déficit no financiero menos los gastos financieros) de casi 1,5 billones de pesetas, con un recorte del gasto en términos reales del 0,9% y un aumento de los ingresos que multiplica por cuatro la evolución de los gastos. Ésta sería la explicación contable de cómo se pretende cumplir el programa de Convergencia, en materia de déficit, en 1996.

Pero la enumeración del supuesto milagro -todas las cuentas pueden cuadrarse sobre el papel- es cosa diferente de cómo se pretende conseguirlo. El superávit primario se consigue con las siguientes actuaciones:

Contracción del gasto destinado a funcionarios, infraestructuras y empresas públicas (pág. 57). En al caso de la inversión pública, se afirma que una parte de la recaudación por privatizaciones -en torno a 170.000 millones- ayudará a aumentar la cifra final de licitaciones; pero el mecanismo anunciado por el, Gobierno que incluye la incorporación de capital privado a la obra pública, es nuevo y no se sabe como funcionará.

Previsión de crecimiento (nominal) de los ingresos públicos en función de unas expectativas de crecimiento de la economía en torno al 3% para el ejercicio próximo.

El cuadro adjunto, con la relación de las partidas que más suben y las que más se recortan, es muy ilustrativa de sobre quién recae el peso del ajuste y sobre quién se han afrontado los recortes del sector público para cuadrar, tal vez precipitadamente, el déficit en la cifra que exige el Tratado de Maastricht.

En el caso de los gastos, se opta abiertamente por reducir el tamaño y la importancia del sector público, sea de la Administración o de las empresas. Esta reducción es coherente con la ideología económica del Ejecutivo: debe recortarse el tamaño y la participación del sector público de la economía, para que así consuma menos recursos Financieros que pueda aprovechar la iniciativa privada. Ahora bien, los recortes de gastos practicados evitan cuidadosamente tocar la espina dorsal del Presupuesto, que son los gastos sociales (pensiones y desempleo, principalmente) y los intereses de la deuda, que son precisamente aquellas partidas cuya reforma permitiría reducir el gasto de forma estructural y continuada durante los próximos años.

Recorte agotado

En términos más prosaicos, el Presupuesto del Estado para 1998 se encontrará con dificultades para continuar el recorte de los gastos de mantenimiento de la Administración, por pura imposibilidad material; deberá explicar de forma convincente otra congelación salarial de los funcionarios, si es que políticamente puede afrontar tal decisión; y en cuanto a la inversión publicaja posibilidad de practicar recortes más profundos dependerá, en todo caso, de cómo evolucione la contratación de infraestructuras en 1997 según las nuevas fórmulas con capital privado. La capacidad de recorte del gasto sobre partidas reducidas con anterioridad queda agotada; mientras que las reformas que actuaran sobre las grandes partidas de los gastos sociales extenderían su efecto a ejercicios posteriores.Los ingresos, por su parte, están planteados en función de una tasa de crecimiento de la economía que, probablemente, no se repetirá. Con las cifras de ingresos planteadas por el Ministerio de Economía y Hacienda -por ejemplo, la cifra de ingresos por privatizaciones es, en principio, excesiva; no está claro que los mercados español y europeo puedan admitir 450.000 millones, como reconoce el propio Rodrigo Rato-, quizá pueda mantener el objetivo de déficit en periodos de bonanza económica; pero los ciclos cambian.

Las dudas que plantea en los mercados de inversión el ajuste presupuestario ejecutado por el Gobierno de Aznar para 1997 se pueden resumir así:

¿Puede ser creíble que la Administración aplique un recorte real del gasto del 0,9%? En primer lugar, por la propia inercia administrativa; después, por la presión de los centros de gasto poco considerados en el Presupuesto, como las empresas públicas con pérdidas.

¿Puede admitirse un grado de cumplimiento al 100% del Presupuesto de ingresos para el año que viene, que es la clave del arco del ajuste? Un ajuste fundamentado en el crecimiento de los ingresos, ¿tiene el mismo valor para los centros decisorios de inversión que otro fundamentado en las reformas estructurales?

En relación con la anterior ¿puede sostenerse, para años sucesivos, una restricción del déficit por debajo del 3% del producto interior bruto con recortes coyunturales?

¿Es razonable suponer que la inversión privada acudirá inmediatamente a sustituir a la pública en el ejercicio de 1997 para, así, conseguir una tasa de crecimiento del 3%?