Un tercer peritaje mantiene el delito fiscal a dos vicepresidentes y 10 clientes de Bankpyme

El tercer y último peritaje sobre los ingresos de 10 clientes y los dos vicepresidentes del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme), procedentes de dos fondos de inversión no declarados al fisco, les mantiene por encima del límite legal del delito fiscal, al rebasar la cuota de 15 millones de pesetas no declarados. Este tercer y definitivo peritaje lo ha hecho, a instancias de los afectados, un experto nombrado por el juzgado para aclarar las diferencias de dos periciales anteriores. Los vicepresidentes son Ramón Solanellas y Francesc Busquets.

Esta tercera prueba es la última posible legalmente. Los dos peritajes anteriores, uno hecho por técnicos de Hacienda y otro por expertos designados por los afectados, habían arrojado diferencias importantes en la cuota no ingresada. En algunos casos había clientes que podían quedar exentos de delito fiscal porque la cuota estaba por debajo de 15 millones de pesetas.El caso Bankpyme estalló en diciembre 1993. La investigación abierta por la juez Montserrat Comas de Argemir, del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, reveló que 879 titulares de dos fondos de inversión administrados por el banco no habían pagado los rendimientos a Hacienda. Regularizaron su situación fiscal todos los clientes, lo que supuso unos ingresos para Hacienda de 7.100 millones de pesetas. Fuentes próximas a Hacienda afirman que a esta cantidad hay que añadir los recargos que se han girado, con lo cual se han ingresado 10.000 millones de pesetas.

Medios próximos al banco restan importancia a la prueba pericial y dicen que se recurrirá a la Audiencia de Barcelona para lograr el sobreseimiento de todos los casos

Regularización y delito

La Audiencia desestimó en junio la petición de sobreseimiento solicitada por Solanellas. La Audiencia dice que no cabe el sobreseimiento porque, aunque hizo dos complementarias por 30,3 millones, la regularización no le exime de delito fiscal porque tuvo "conocimiento personal y completo de los hechos imputados cuando tuvo lugar la regularización". Sus abogados aportarán pruebas de que regularizó el 28 de diciembre de 1993, antes de ser inculpado, para demostrar que no hubo delito fiscal. Busquets, por su parte, presentó una declaración complementaria de 20,8 millones por rendimientos no pagados y está imputado por el juzgado número tres de Barcelona en delito fiscal.Además de los dos vicepresidentes, están inculpados por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona los directivos del banco Josep María Fabregat, presidente del consejo de administración, Josep Jané Solà, presidente de la comisión ejecutiva, y el apoderado Albert Rivillo. Los tres están inculpados por supuesta cooperación necesaria, ya que ninguno de ellos tenía fondos no declarados. Los tres rechazan que aconsejaran a los clientes no declarar los rendimientos y niegan, por tanto, la imputación de cooperación necesaria para el presunto delito que realiza el juzgado.

Las 12 personas que según este peritaje rebasan la cantidad mínima exigida para que exista delito fiscal son las únicas que quedan de una lista inicial de 84 imputados por el juzgado. En año y medio la Audiencia ha ido eximiendo de delito a todos los afectados menos a los 12 citados. En unos casos han quedado exentos tras subir de 5 a 15 millones la cuota mínima para que exista delito; en otros porque la Audiencia entiende que regularizaron voluntariamente y, por tanto, no cometieron delito fiscal. En este sentido, la Audiencia sostiene que no basta con recibir en el domicilio la comunicación de inicio de actuaciones, sino que debe recibirse personalmente para que se pueda afirmar que se tiene conocimiento de actuaciones judiciales.

En paralelo, la propia juez ha denegado sobreseer las imputaciones por presunto delito fiscal y cooperación necesaria a los 12 clientes y 3 directivos del banco. La entidad ha recurrido esta decisión ante la propia juez y acudirá a la Audiencia si la magistrada deniega el sobreseimiento.