El 'caso Azpiegitura" sienta en el banquillo a 12 procesados por una estafa de 571 millones de pesetas
También está procesada la su puesta trama política de la esta fa, Juan Llorens, ex presidente de Azpiegitura, y Daniel Arranz, ex gobernador de Vizcaya, am bos del PSE-PSOE, y otros téc nicos, así como los expertos que la avalaron con estudios, los profesores Jesús Sáez de Omeñaca y Roberto Idiondo. Este caso llevó a prisión en febrero de 19941 durante cinco meses, a Ereño y López, y en marzo a Omeñaca, profesor de la Universidad de Cantabria, por un mes.La tormenta política desencadenada por la juez Olatz Aizpurua, tras la denuncia presentada. por el fiscal Javier Huete en agosto de 1993, obligó a Llorens a dimitir como diputado de Ur banismo de Vizcaya y a punto estuvo de costar a Arranz su cargo, de gobernador. La juez acusó a Arranz de prevaricación por actuar con "absoluta despreocupación y desidia" como miembro del consejo de Azpiegitura, dependiente de la Diputación, al aprobar un incremento de 334 millones, más del 50%, sobre el proyecto inicial, cifrado en 640. Ante el cariz de los acontecimientos, los socialistas vizcaínos acusaron a su vez a Aizpurtía de prevaricación, de arbitrariedad caprichosa y de intervenir de manera "espuria" y con un "criterio político". El Consejo del Poder Judicial salió en defensa de la juez y el fiscal denunció por injurias y desacato a la dirección vizcaína del PSE-EE, asunto que sigue en el Tribunal Supremo.
Pero, al margen de las responsabifidades de los políticos, que en el caso de Llorens sólo mantiene HB, lo que tendrá que determinar la sala son los culpa bles y las penas.por una estafa iniciada años antes. Informes dispares
La Diputación encargó en mayo de 4989 al taller de arquitectura Altau, de López e Isabel Diego, la construcción de un centro de nuevas iniciativas en Bilbao. Según el proyecto inicial la constructora debería excavar 12 metros para, hallar la roca en la que sustentar los cimientos. Sin embargo, Altau había encargado a Gough, una sociedad de Ereno, otro informe en el que se situaba el suelo rocoso a 25. En ese momento, tanto el arquitecto como el constructor sabían que los gas tos previstos, 640 millones, se en carecerían a la fuerza, pero Altau mantuvo esa cifra.
Azpiegitura, presidida entre 1989 y 1991 por Llorens, que siempre ha negado conocer ese segundo informe, adjudicó la obra a Ereño. Los problemas de cimentación comenzaron en junio de 1991, a los cinco meses de iniciados los trabajos. La construcción se encareció primero en 335 millones; después, con la re forma del proyecto, se disparó hasta los 1.230 y el coste final superó los 2.000. El edificio acoge ahora la sede de Lantik (Informática de la Diputación).
Los técnicos de la Diputación no siguieron la obra, que quedó en manos de López y Ereño, así como del hombre de confianza de Llorens, Javier Martínez (PNV), y de los aparejadores Federico Lorenzo y Enrique Almenara. Este dato fue conocido por el nuevo gestor de Azpiegitura, José Luis Bilbao (PNV), en septiembre de 1991. Pero no se rescindieron los contratos de López y Ereño hasta noviembre de 1992 y marzo de 1993.
Bilbao dice que no sospechó nada hasta que Idom, empresa que se hizo cargo de la obra a finales de 1991, informó de las supuestas irregularidades. Las que llevaron a la cárcel a Ereñpo y López fueron las inyecciones para que el edificio no se cayera y cuya necesidad argumentó Altau en diciembre de 1991, avaladas por documentos de la Universidad de Cantabria y la Escuela de Ingerieros de Bilbao redactados por Omeñacá e Idiondo.
La juez procesó por estafa a Ereño por cobrar 571 millones por una cimentación no realizada. Ereño certificó con facturas falsas de 20 millones suministradas por el responsable de la empresa Codemol, Pedro Larrabeiti, haber inyectado 10.355 metros cúbicos de sulfatos y cemento. La declaración de Larrabeiti fue fundamental contra Ereño y López. Ambos utilizaron los supuestos avales científicos de Omeñaca, amigo de Ereño, e Idiondo para "dar verosimilitud" a las inyecciones "sin realizar labores de comprobación", según el fiscal.
