Prioridades políticas,prioridades económicas

COMO SUELE decirse todos los años por estas fechas, los Presupuestos constituyen la expresión más acabada de las prioridades de cualquier Gobierno y, por ello, el marco más adecuado para la confrontación entre esas prioridades y las alternativas que pueda plantear la oposición. También suele añadirse que en otros países es el debate más importante del año, y es costumbre lamentarse de la relativa indiferencia con que aquí se aborda. En fin, es ya un lugar común afirmar ' cada año que lo que está en juego en los Presupuestos es esta vez. más vital que nunca. Sólo que ahora es bastante cierto.El Gobierno, el primero de signo conservador desde la restauración de la democracia, se la juega en estos Presupuestos porque de su cumplimiento depende en muy buena medida que España apruebe el examen de Maastricht, del que depende a su vez la posibilidad de que el Partido Popular revalide su victoria en unas eventuales elecciones adelantadas, o no, a 1998. Pero se la juega también la economía española, porque si pierde ese tren verá redobladas sus dificultades para garantizar un crecimiento estable indispensable para crear empleo y encauzar el problema del paro, el más grave de la sociedad española actual.En la España democrática no hay experiencia de una política económica con la etiqueta de derechas. Desde luego, no lo fue la de los Gobiernos de Felipe González, caracterizada por los rasgos típicos de las políticas socialdemócratas: aumento del gasto público, especialmente para financiar el crecimiento del Estado de bienestar, aumento de la presión fiscal,, especialmente mediante impuestos directos, y crecimiento de las rentas salariales. Pero tampoco la de los Gobiernos de UCD fue una política económica conservadora en sentido estricto: no sólo porque el centro no es la derecha, sino porque dentro de la combinación de políticas que caracterizó a los Gobiernos centristas, la economía fue encargada a ministros de orientación socialdemócrata como Ordóñez, Leal, García Añoveros, García Diez, etcétera.

Ahora hay un Gobierno monocolor de derechas, si bien carece del respaldo parlamentario suficiente, Jo que ha obligado a Aznar a renunciar a parte de su programa para pactar con los nacionalistas. Está en la lógica de las cosas que el PP aspire a alcanzar la mayoría absoluta en unas próximas elecciones, a fin de librarse de esos condicionamientos y poder plasmar la política en la que creen sus principales dirigentes. En ausencia de un líder populista capaz de captar los votos indecisos -como lo consiguió durante cuatro legislaturas González-, el PP necesita para ello apuntarse un éxito indiscutible en el terreno de la economía. De ahí que pasar la prueba de Maastricht se haya convertido en la prioridad máxima. Aunque conseguirlo implique adoptar algunas medidas antipopulares, el ingreso en el grupo de cabeza de la UE es una baza con enorme poder de atracción.Ingresos y gastosEse objetivo pasa por unos Presupuestos austeros. Los aprobados ayer por el Gobierno para su envío al Parlamento son los más restrictivos desde la desaparición de Franco: establecen una reducción de gastos de 800.000 millones de pesetas (lo que supone un descenso del gasto del - 1% en términos reales) que habrá de lograrse sin tocar los principales capítulos de gasto social. Ese recorte se obtiene fundamentalmente de la congelación salarial de los funcionarios, la reducción de las inversiones públicas -verdadera merma para un país aún necesitado de una amplia modernización de sus infraestructuras- y la disminución de las subvenciones a empresas públicas. Con una previsión de crecimiento de la economía del 3% (algo superior al 2,3% con que acabará 1996), el proyecto prevé un incremento nominal de los ingresos del 6%. Ello será el resultado de la introducción de un impuesto del 4% en los seguros de riesgo y de nuevas tasas por diversos servicios -viajes aéreos, BOE, servicio meteorológico, etcétera, hasta un total de ocho-, del aumento de otras tantas que ya existían, y del adelanto de la percepción de una parte del impuesto sobre sociedades.

El compromiso inicial, luego matizado, del PP era reducir los impuestos. El vicepresidente Rato destacó ayer que los impuestos directos -en particular el de la renta- no aumentan. Pero sí aumentan los indirectos, es decir, los que gravan el consumo, mediante esa batería de tasas. Ello significa, por una parte, que tenían razón quienes acusaron al PP de estar proponiendo la cuadratura del círculo: reducir el déficit bajando impuestos y manteniendo los servicios sociales. Pero significa también que de las dos posibilidades de aumentar los ingresos fiscales, el Gobierno ha elegido la que admite menos progresividad: grava a todos los consumdores por igual, y no más a los que más tienen, como ocurre con la imposición directa. Es cierto, con todo, que la indirecta suele encontrar, por razones psicológicas, menores resistencias sociales: a los contribuyentes les cuesta más pagar,200.000 pesetas al año en concepto de IRPF que 300.000 en gravámenes adicionales al consumo a lo largo de los 12 meses.

En resumen, el Gobierno de Aznar ha elegido una senda parecida a la de muchos Gobiernos conservadores del mundo desarrollado. El problema es que esa vía puede comprometer el objetivo de inflación, el segundo en importancia del listado de Maastricht. La mejora registrada en esa variable no impide que todavía sea España uno de los países más alejados de la media de los más estables de la UE (la brecha es ahora de 1,3.puntos). Y de su control depende la posibilidad de bajar el precio del dinero, condición para un crecimiento de la actividad productiva que permita crear más empleo. Los Presupuestos ofrecen una previsión de crecimiento de esta variable de unos 240.000 empleos, lo que significaría reducir el paro en unas 100.000 personas.

El cumplimiento del objetivo de situar el déficit público en el 3% del PIB también depende de la generación de ingresos -unos 450.000 millones- por privatizaciones de empresas públicas, pero es obvio que esos ingresos no son repetibles en los años próximos. El sector público empresarial absorberá en 1997 un billón de pesetas de recursos públicos: aunque suponga una reducción de 200.000 millones respecto a este año, es una cantidad considerable.

La presentación de estos Presupuestos también coincide con modificaciones en el esquema de financiación autonómica, cuyos resultados siguen dominados por la confusión. Al igual que en otros ámbitos de la actividad política, esta decisión ha sido impuesta por los acuerdos con los partidos nacionalistas, y su complejidad técnica y variaciones en su formulación han dado pie a una manifiesta incertidumbre sobre algunas de sus más importantes implicaciones: sobre el déficit público y, desde luego, sobre la magnitud de los recursos financieros destinados a cada una de las comunidades autónomas. No sabemos todavía con exactitud el alcance del principio de corresponsabilfidad de los gobiernos regionales ni si queda satisfecha la correspondiente al de solidaridad interregional, básico igualmente en cualquier modelo de descentralización fiscal.

La carrera hacia el euro no acaba en 1997. El esfuerzo de estos Presupuestos debe proseguir en 1998 y más allá. Si lo que se hace, con triquiñuelas contables, es aplazar problemas para los siguientes años en vez de resolverlos ahora, poco habremos avanzado. En todo caso, el proceso de tramitación parlamentaria ofrecerá una oportunidad inmejorable para verificar si las propuestas del PP y sus socios parlamentarios encuentran alternativas razonables en los partidos de la oposición.