El Gobierno convence a las comunidades del PP tras comprometer un fondo de 200.000 millones

No hubo sorpresas. El Gobierno consiguió ayer la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, vigente para cinco años, con el apoyo de las 10 comunidades gobernadas por el PP más las de sus socios catalán y canario. Sólo se opusieronas tres comunidades gobernadas por el SOE: Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sus representantes anunciaron un recurso de inconstitucionalidad. El gobiemo mantuvo un equilibrio al cumplir con el pacto de investidura con CiU e integrar a la vez a algunas de las comunidades disidentes del PP, como Galicia, y Castfila y León. El precio que el Gobierno debe pagar para compensar a las llamadas comunidades pobres es de 200.000 millones para el quinquenio, según reveló el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, en la reunión de ayer.

Fue una reunión dura y expeditiva, de sólo cuatro horas de duración, cuyo guión estaba escrito de antemano. Al menos desde que el titular de Administraciones Públicas anunció el viernes que el Consejo de Ministros había decidido introducir una serie de garantías para que la cesión del 30% del IRPF con capacidad normativa, pactada por el PP cen CiU en abril, no perjudicara a las comunidades autónomas con menos expectativas de crecimiento. Esa medida neutralizó las críticas al nuevo sistema de dos comunidades emblemáticas del PP, Galicia, y Castilla y León.La consejera castellano-leonesa Isabel Carrasco y el gallego José Antonio Orza manifestaron en la reunión que el Gobierno había asumido sus principales exigencias: ninguna comunidad ganará menos de lo que ganaba; el Ejecutivo cubrirá la diferencia cuando una comunidad no consiga un crecimiento en sus recursos igual al 90% de la media de las demás; el aumento, del Fondo de Compensación Interterritorial, congelado cinco años, y el establecimiento de la nivelación de servicios mínimos, para la que el Gobierno reserva 10.000 millones en los Presupuestos.

Cumplimiento de pactos

Las medidas de garantía prometidas por el Gobierno' neutralizaron a las comunidades gobernadas por el PP a costa de descafeinar la idea de corresponsabilidad fiscal, comprometida por el Gobierno con sus socios de CIU, pero no tanto como para descabalgar al partido de Jordi Pujol. El consejero catalán Maciá Alavedra expresó ayer su satisfacción porque el Gobierno había cumplido los pactos contraídos con su partido en abril: se consagra la cesión a las comunidades autónomas del 30% del IRU con capacidad normativa.Cumplir a la vez con sus socios catalanes y con las comunidades en donde gobiema el PP, le va a costar al Ejecutivo 200.000 millones del fondo de garantía. También tendrá que aportar 10.000 millones más por poner en marcha el fondo de nivelación de servicios, así como una cantidad discreta e indeterminada por el aumento del FCI.

El ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, negó ayer que el Gobierno hubiera cedido a las presiones y apuntó que su última propuesta, con el establecimiento de garantías, pertenecía al juego normal de una estrategia negociadora.

Las tres comunidades gobernadas por el PSOE- basaron su voto negativo en la falta de garantías de los mecanismos de compensación prometidos ayer por el Gobierno. Miguel Ángel Montañés, consejero catellanomanchego, manifestó que el Ejecutivo no cuantificó el aumento del FCI y que su última propuesta había sido precipitada, con el consiguiente desconocimiento de su repercusión en las comunidades.

La consejera andaluza, la socialista Magdalena Álvarez, fue más tajante y calificó de "pantomima" lo sucedido en la reuniónde ayer. Denunció que el documento presentado por el Gobierno en la reunión, por la tarde, no coincidía con el que las comunidades disponían por la mañana. Álvarez se hizo eco del anuncio del PSOE de recurrir por todos los medios jurídicos y políticos contra el sistema de financiación aprobado ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin embargo, los ministros Rajoy y Rato estaban radiantes al conseguir la aprobación del nuevo sistema, con la única oposición de las comunidades socialistas, después de cuatro meses de intensa negociación. Rajoy expresaba su confianza que antes de la entrada en vigor del nuevo sistema, alguna o algunas de las comunidades socialistas den luz verde al nuevo sistema en las comisiones mixtas de repesca, que se celebrarán entre octubre y noviembre.