No a una ley de 'punto final'

La aplicación en Chile de la Ley de Amnistía de 1978 al asesinato de Carmelo Soria se une a más de 20 casos similares cerrados en Chile desde el comienzo del presente año, en lo que parece un proceso de aplicación del punto final por la vía judicial.La Corte Suprema fundamentó su decisión en que Soria no se hallaba bajo inmunidad diplomática por no haberse probado su condición de funcionario internacional, ignorando el sumario realizado por uno de los jueces firmantes de lo¡ sentencia y los comunicados emitidos por la ONU.

Pero más allá de la resolución del caso de este ciudadano de nacionalidad chilena y española, y en cuya muerte en 1976 están implicados altos cargos del Ejército, hay que analizar el significado de esta insólita resolución de la Justicia chilena.

Desde la confirmación en mayo de - 1995 de las condenas impuestas por el caso Letelier, Chile parece asistir a un proceso acelerado de cierre definitivo de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos del pasado, cierre que no fue posible durante el régimen militar.

Hay tres elementos, en el derecho internacionalmente reconocido, a contar con un recurso efectivo frente a las violaciones de derechos humanos: verdad, justicia y compensación. Chile ha avanzado en asegurar la compensación, pero con el cierre prematuro de los casos se equipara a los países que han negado a las familias el derecho a la verdad y la justicia.Una opinión similar parecía compartir el actual presidente, Eduardo Frei, que en agosto de 1995 escribió: "( ... ) La solución de decretar el olvido por la vía de una ley de punto final no me parece justani éticamente aceptable".

Pero tres meses después el Gobierno presentaba un nuevo proyecto que en la práctica supondría el cierre de todos los procedimientos legales contra los autores de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1973-78.

Aunque este proyecto sigue aparcado, el punto final se está aplicando en la práctica judicial y amenaza a la Corporación de Reparación y Reconciliación, organismo gubernamental que continúa el trabajo de la Comisión de Verdad y Reconciliación, y cuyo mandato expira a finales de 1996.La Corporación ha confirmado la existencia de 123 nuevos casos de desaparición y 776 casos más de muertes bajo tortura o ejecución extrajudicial, a añadir a los 979 desapariciones y 1.319 muertes confirmados en 1991 por la Comisión precedente. Los defensores de la impunidad suelen aludir a la necesidad de olvidar el pasado en aras de la transición. Una razón opuesta la expresó el presidente de la Corporación, Alejandro González:_ "Eso sería reconocer que se cometieron más de mil crimenes perfectos.( ... )Aquí no hubo guerra, hubo una política de terrorismo de Estado".Amnistía Internacional cree que deben establecerse todos los detalles sobre los más de tres mil casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura, y se opone a que se restrinjan las investigaciones. En este sentido, Al confía en que el Gobierno español impulse una resolución sin impunidad tanto del caso Soria, como de los otros españoles incluidos en una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional.