Multilateral

Cuandolos nacionalistas aparentan re sistirse todavía a ratificar el collage de recortes que quiere aprobar el Gobiernocomo un puzzle presupuestario, entra en su recta final el pacto autonómico firmado entre Aznar y Pujol. En efecto, hoy mismo está previsto que se decida el nuevo modelo de financiación territorial en: la sede del Consejo de Política Fiscal Y Financiera. Y allí debería refrendarse la cesión a las comunidades autónomas del 30% del IRPF: sin topes y con capacidad normativa. Se trata de una proposición polémica que conviene debatir desapasionadamente. Y el juicio que probablemente merezca es el de sí, pero... Aunque en todo caso debería ser aprobada por consenso multilateral, y no por imposición de un pacto bilateral.

El sí a la corresponsabilidad parece incontestable. Tanto es así que, si exceptuamos algún demagogo jacobino, nadie sensato lo discute. Se han dado distintos argumentos a su favor, como son el reparar las injusticias fiscales o el de mojarse recaudando ingresos, y no sólo distribuyendo gastos.

Pero hay que subrayar el que parece esencial: la corresponsabilidad es el mejor motor del desarrollo económico. Este argumento suele usarse en sentido opuesto, para resistirse alegando que la corresponsabilidad agrava la desiguadad del subdesarrollo. Pero no es cierto. Como han demostrado las teorías de la dependencia, lo único que se logra mediante subvenciones externas es perpetuar el subdesarrollo. Por el contrario, como los Gobiernos (estatales o autonómicos) tienen un compulsivo apetito de ingresos, para que éstos crezcan es condición necesaria y suficiente desarrollar su base imponible interna. Así, la corresponsabilidad es la palanca fiscal que obligará a las autonomías a desarrollar al máximo su potencial de crecimiento, escapando a la trampa de la dependencia asimétrica.Ahora bien, no sin cautelas, límites o contrapesos. Muchos de los peros a la corresponsabilidad ya están siendo aireados, como su. desconocido coste presupuestario, por ejemplo. Además, como es obvio, hay que calcular muy bien todos los mecanismos equilibradores de compensa

ción interterritorial, evitando agravios comparativos o lesiones en derechos adquiridos. Pero hay dos cuestiones cruciales que suelen ser desatendidas, aunque amenazan con distorsionar el proceso. Se trata, por una parte, de la desigual composicíón de las rentas territoriales. Hasta aquí, todo descansa en la cesión delIRPF. Pero se olvida que hay comunidades con gran proporción de rentas salariales que sufren en mucha mayor medida la presión fiscal de los impuestos directos: como. Madrid,, Cataluña, Aragón, País Vasco y Asturias, por este orden, todas ellas por encima de la media estatal. Mientras que hay otras donde escasean los asalariados o predominan las rentas de capital de la pequeña propiedad, como Extremadura, Castilla-La Mancha o Galicia, por debajo del 80% de la media estatal, por lo que se evaden en buena medida de la presión fiscal directa.

Pero el peor obstáculo es quizá el derivado del modelo formal que adopte el sistema autonómico. ¿Se trata de un agregado de pactos, bilaterales entre el Gobierno central y cada comunidad autónoma, como intentan los nacionalístas? ¿O se trata mejor de un contrato social multilateral entre todas las unidades territoriales del mismo Estado común? Es evidente que debiera tenderse hacia este segundo modelo, tal como revela la experiencia multilateral de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio (multilateralidad a la que tratan de resistirse británicos y norteamericanos, respectivamente, tan proclives a forzar un bilateralismo del que puedan aprovecharse jugando con ventaja). Pues, si se adopta el primer modelo bilateral, puede caerse en el dilema del free rider (gorrón o parásito racional), denunciado por Mancur Olson como el más disgregador y disolvente. Por desgracia, parece ser éste el único modelo que toleran los nacionalistas, tan propicios históricamente a recabar con éxito el excluyente proteccionismo bilateral del Estado. ¿Es preciso, pues, resignarse?