Una ley franquista "para amordazar a la prensa"

El proyecto de Ley de Secretos Oficiales que el Gobierno ha remitido recientemente al Consejo General del Poder Judicial resucita las sanciones administrativas y castiga con hasta 100 millones de pesetas de multa a quienes divulguen documentos secretos Estas sanciones estaban previstas en la ley franquista de 1968 pero fueron abolidas por el Sena do 10 años más tarde."Las únicas sanciones posibles [por incumplir la Ley de Se cretos Oficiales] son la penal y disciplinaria", dictaminó la ponencia de la Cámara alta a iniciativa del senador Lorenzo Martín-Retortillo. En defensa de S enmienda, el senador sostuvo que la ley de 1968, "desde que s aprobó, sirvió exclusivamente para amordazar a la prensa. Ta era el destino último de esta ley y no la incidencia sobre los funcionarios"."La defensa nacional y la seguridad del Estado estaban suficientemente protegidas", argumentó Martín-Retortillo. "No iban por ahí las cosas. Iban por otros derroteros. Iban porque e 1966 había surgido la popular mente llamada Ley Fraga, sobre Prensa e Imprenta, que no no gusta en absoluto, pero que comparada con las carencias anteriores, supuso unas posibilidades que no se tenían. Y precisa mente por eso, porque la prensa con tropiezos, empezó de alguna manera a andar, inmediatamente comienzan a surgir una serie de medidas que implican auténtico retrocesos para coartar aquello tan poco que a duras penas se había logrado".

"En esta línea", agregó, donde hay que inscribir la Ley de Secretos Oficiales, instrumento clarísimo del antiguo régimen para coartar la libertad de expresión. Y no quiero insistir demasiado, pero es menester que recordemos el uso y abuso que hizo de esta ley. Por ejemplo, fue utilizada para que no se come tara en prensa la reforma tributaria, para que no se hablara de Sáhara, para que no se habla de Guinea, para que no se hablara del asociacionismo estudiantil, para que no se hablara de reforma sindical, para que no hablara, más recientemente, la tortura en el País Vasco".