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LOS ÚLTIMOS PASOS HACIA LA UEM

Los Quince no se ponen de acuerdo sobre las sanciones a los países que incumplan el déficit

Los ministros de Economía de los Quince, reunidos con formato informal en Dublín, apenas lograron progresar en el proyecto de crear un rígido corsé de medidas punitivas para que los países que se integren en la moneda única europea mantengan las políticas de rigor económico. Los ministros se limitaron a ratificar la voluntad de crear un mecanismo sancionador pero no resolvieron las grandes incógnitas: la cuantía de las sanciones, el calendario de aplicación, la definición de cuándo un déficit excesivo se considera "temporal y excepcional".El encuentro de ayer en Dublín no fue un fracaso, pero estuvo lejos de ser un gran éxito semejante al de los dos consejos informales anteriores: el de Valencia, hace Ahora un año, cuando se pactaron los escenarios de tránsito hacia el euro, o el de Verona, seis meses después, cuando se acordó que el actual mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo (SME) fuera sustituído por uno semejante que hiciera girar en torno al euro a las monedas que no accedan a él. Ayer sólo hubo progresos significativos precisamente en el diseño de ese nuevo mecanismo y en el Estatuto legal de la moneda europea.

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El Pacto de Estabilidad promete llevar la tensión a las tres reuniones oficiales que celebrarán los ministros del Ecofín antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre, también en Dublín. Ayer sólo admitieron el principio de que el Pacto de Estabilidad debe dotarse de algún mecanismo sancionador que tenga el objetivo de desincentivar las políticas de déficit excesivos. Pero no hubo ningún acuerdo sobre las cifras de las sanciones. Se sabe que una parte será un tramo fijo que podría equivaler en torno al 0, 1%-0,25% del PIB del país infractor. Y que habrá un segundo tramo variable, que podría aumentar en una décima de PIB cada punto de déficit excesivo. Se sabe que casi todos -menos Alemania- quieren que la sanción total tenga un tope del 0,5% del PIB, que para España supondrían 375.000 millones de pesetas. Pero nada de esto quedó ayer cerrado políticamente.Tampoco hubo acuerdo sobre los plazos que se deben respetar desde que se incurre en déficit hasta que se sanciona. España, el Benelux y los países escandinavos exigen que se tenga en cuenta los trámites parlamentarios, porque una modificación de los Presupuestos debe ser aprobada por el Parlamento. Alemania quiere que todo quede bendecido en seis meses y la Comisión Europea y Francia se inclinan por nueve meses.

La definición de cuándo un exceso de déficit es "excepcional y transitorio" tampoco suscitó el acuerdo del Ecofin. Alemania insiste en que se busque una fórmula cifrada en base a los datos de crecimiento. España y otros países prefieren fórmulas más generales, que tengan en cuenta las catástrofes naturales o los ciclos económicos a largo plazo. Tampoco hubo acuerdo sobre la conversión de los actuales Programas de Convergencia en Contratos de Convergencia: "Los programas seguirán teniendo el valor jurídico actual", aseguró Rato. Algunos países quieren reforzar los programas de convergencia convirtiéndoles en Consejos de Convergencia. Dejarían de ser meras intenciones de los Estados miembros para convertirse en una norma con rango legal. A juicio de España, eso supondría alterar las condiciones de la entrada al euro para las divisas que no pueden acceder en la primer criba.

Para España, la mejor noticia fue el fracaso del ministro francés de Economía, Jean Arthuis, en su nuevo intento de imponer también un mecanismo de sanciones para los países que se queden fuera de la moneda europea y se aprovechen de ello para provocar devaluaciones competitivas o para no corregir sus déficit. Francia quiere que a esos países se les puedan congelar los ingresos que tienen procedentes de los fondos estructurales europeos y que el pago de esas ayudas se haga siempre en moneda nacional y no en moneda europea como consagra el Tratado de Maastricht. Arthuis puso el tema sobre la mesa, pero su iniciativa -contundemente rechazada ya por la Comisión Europea en julio- apenas suscitó el interés.

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