El fiscal del caso Lasa-Zabala, a favor de citar a la Comisión de secretos
El fiscal del caso Lasa-Zabala, que investiga el asesinato de dos presuntos etarras a manos de los GAL, se pronunciará a favor de que presten declaración como testigos los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que accedieron a los papeles del Cesid.
El juez instructor del caso, Javier Gómez de Liaño, pidió el pasado día 18 a las partes personadas en el proceso que se pronunciaran sobre si debía seguir adelante con su intención de citar a los parlamentarios para contrastar si los documentos que están en el sumario se corresponden con los originales depositados,en el servicio secreto.
Fuentes jurídicas informaron ayer de que el Fiscal Jesús Santos está estudiando toda la documentación y que, a lo largo de la semana que viene, hará llegar a Gómez de Liaño un informe favorable a la citación de los parlamentarios.
Santos se suma así a la opinión de las, otras dos acusaciones del caso, que también se han pronunciado a favor de tomar declaración a los diputados. En el caso Lasa-Zabala hay personadas tres acusaciones: la que representa a los familiares de los dos jóvenes secuestrados en Bayona en 1983 y cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en cal viva en la localidad alicantina de Bussot; la que representa a la Asociación contra la Tortura, y un representante del Ayuntamiento de Tolosa. Las dos primeras ya han hecho llegar al juez su opinión favorable a que cite a los parlamentarios.
Gómez de Liaño emitió el pasado día 12 un auto en el que ratificaba su intención de llamar a los miembros de la Comisión de Secretos. Oficiales para que testifiquen sobre el contenido de los papeles del Cesid que el Gobierno se ha negado a desclasificar.
A la espera
Antes, el juez se había dirigido al Congreso de los Diputados para indagar la posibilidad de citar como testigos a los parlamentarios que accedieron a los documentos. El Congreso respondió que los diputados no necesitan autorización para ser testigos y que, una vez que el juez Gómez de Liaño decida si los llama a declarar, precisará hasta donde llega el deber de guardar silencio de los parlamentarios que han accedido a documentos secretos.A la batalla del juez Gómez de Liaño por acceder al contenido de los papeles del Cesid se sumó el pasado día 11 el juez Baltasar Garzón, instructor del caso Oñederra, que investiga los cuatro primeros asesinatos de los GAL. En un auto, Garzón acusó al Gobierno de bloquear el sumario de la guerra sucia y recordó a los parlamentarios la obligación que pesa sobre cualquier ciudadano de facilitar a la justicia cuanto conozcan del contenido delictivo de los documentos a los que tuvieron acceso.
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