CiU y PNV acusan al Gobierno de incumplir los acuerdos no públicos del pacto de investidura

Convergéncia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) mantienen un fuerte pulso con el Gobierno en la negociación presupuestaria ante lo que consideran incumplimientos de los acuerdos no hechos públicosel pacto de investidura. Los nacionalistas CiU aseguran que los populares se comometieron a atender en los Presupuestos el déficit de la financiación sanitaria. Los peneuvistas argumentan que el PP se comprometió a retirar los recursos presentados por el Estado contra las disposiciones forales vascas en materia tributaria. A última hora de ayer se reunieron el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe (PNV), para intentar solucionar el conflicto.

Mayor Oreja e lbarretxe intentaron suavizar la tensión ante lo que el PNV considera incumplimiento del Partido Popular. El texto del acuerdo de investidura, firmado en abril por José María Aznar y Xabier Arzalluz, decía que "se procederá a revisar los recursos presentados por el Estado en vía contencioso-administrativa con relación a disposiciones forales en materia tributaria". "Esta evaluación tendrá como objetivo desistir con respecto a aquellos que hayan perdido justificación", añadía el acuerdo.Los nacionalistas vascos aseguran que la redacción de este texto era el reflejo de un pacto implícito por el que el Partido Popular se comprometía a retirar los recursos presentados por la Administración central contra las diputaciones forales por sus disposiciones sobre beneficios y vacaciones fiscales para las empresas vascas.

La historia viene de lejos. En septiembre de 1993, las comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria, así como la Administración central, recurrieron ante el tribunal contencioso administrativo contra la decisión de las diputaciones vascas de conceder exenciones fiscales durante 10 años a las empresas que se instalaran en el País Vasco por considerar que repercutía negativamente en las comunidades vecinas.

Las diputaciones vascas ganaron el recurso ante el Tribunal contencioso-administrativo, pero inmediatamente después elevaron un nuevo recurso ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. Esta institución no entró en el contenido del recurso y se limitó a solicitar la regulación de las empresas no residentes en el País Vasco, esto es, que las firmas filiales cuya central estuviera fuera del territorio vasco no sufrieran discriminación respecto a los beneficios fiscales de las demás.

Posteriormente, hubo un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional de estas instituciones, y el PNV pactó en abril con el Partido Popular la retirada definitiva de la cadena de recursos, una vez que los populares accedieran al Gobierno, según aseguran los nacionalistas vascos.

El conflicto se ha acrecentado las dos últimas semanas, al presentar el Gobierno del PP el pasado 11 de septiembre un nuevo recurso ante el tribunal contencioso-administrativo, en este caso contra el impuesto de sociedades que reduce en 2,5 puntos su cotización para las empresas vascas.

El recurso se sumaba al que seis días antes había presentado Cantabria, gobernada por el PP. Los nacionalistas vascos atribuyen este recurso al interés del Gobierno del PP de congraciarse con las comunidades de Cantabria y La Rioja, en vísperas de acordar el nuevo modelo de financiación autonómica para las comunidades de régimen común todas menos Navarra y País Vasco.

Encuentro Aznar-Ardanza

Durante la reunión celebrada ayer entre Jaime Mayor Oreja -auténtico componedor del pacto PP-PNV de abril y discrepante con los recursos de su Gobierno- y Juan José Ibarretxe, el primero trató de tranquilizar al vicelehendakari garantizándole que mediará para que el Ejecutivo cumpla sus compromisos de abril en el momento oportuno. Esta reunión preparó el terreno para el próximo encuentro entre Aznar y Ardanza.

En cuanto a CiU, los nacionalistas catalanes aseguran que el PP tampoco cumplió su compromiso no escrito de financiar el déficit sanitario. El texto pactado en abril por Aznar y Jordi Pujol señala que, "una vez formado el nuevo Gobierno, se estudiará la revisión definitiva de la financiación sanitaria, atendiendo a la insuficiencia de recursos y a las actuaciones de racionalización que se adopten". Los nacionalistas catalanes aseguran que el Partido Popular se comprometió verbalmente en las negociaciones de abril a llevar en los Presupuestos el déficit.

CiU recuerda que, por ejemplo, en los pactos de financiación autonómica no aparece escrito que la cesión del 30% del IRPF se realizará sin topes. Sin embargo, será así porque fue la fórmula pactada verbalmente. Cuando Pujol lo recordó, el Gobierno lo asumió inmediatamente.