Economía intenta desmontar una operación del ICO que elevaría el déficit en 350.000 millones

El Ministerio de Economía intenta desmontar una operación de saneamiento financiero del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo reconocimiento podría elevar el déficit público de este año en 348.182 millones de pesetas, un 0,5% del PIB. De acuerdo con el balance remitido por la entidad al Banco de España, el Estado canceló deudas de terceros con el ICO por esta cantidad entre los meses de enero y abril de este año, derivadas sobre todo de la reconversión industrial. La operación fue llevada a cabo por el Gobierno del PSOE-aunque la norma que la contempló permitía realizarla entre los años 1996 y 1997- y no es aceptada por el Ministerio de Economía actual.

El decreto de prórroga de los Presupuestos del Estado para 1996, tras el rechazo parlamentario del proyecto del anterior Gobierno, incluyó una serie de operaciones cuyo objetivo era sanear las cuentas del ICO, duramente castigadas sobre todo por la reconversión industrial. La creación de Argentaria, en noviembre de 1991, y la fusión del Banco Exterior y del Banco de Crédito Industrial, supuso que el ICO asumiera los créditos que salieron de las arcas públicas para atemperar los efectos de la crisis de los ochenta.De acuerdo con el balance remitido al Banco de España por el ICO para el periodo enero-abril de 1996, las operaciones efectuadas han sido las siguientes:

1. Incremento de los recursos propios del ICO en 375.000 millones de pesetas por conversión de un préstamo del Estado a la entidad por un importe equivalente. Esta operación se efectuó en enero pasado.

2. Creación de un fondo de provisión con cargo a los préstamos del Estado al ICO de 25.000 millones de pesetas. También se llevó a cabo en enero pasado.

3. Parte del patrimonio del ICO se destina a la cancelación de créditos concedidos por la entidad. El importe cancelado asciende a 348.182 millones de pesetas, operación que se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril de este año.

Los créditos en definitiva cancelados por el Estado han sido, entre otros, los destinados a créditos a la exportación, créditos concedidos con motivo de catástrofes e inundaciones, para apoyar la reconversión industrial y créditos al Fondo de Desarrollo Ganadero. También los destinados a empresas como Altos Hornos de Vizcaya, Acenor, Volkswagen y la Corporación Siderúrgica Integral.

El problema es que, una vez efectuada la operación, su reflejo en la contabilidad nacional a efectos de determinar el déficit público de momento no aparece. Según expertos consultados, se trataría de una transferencia de capital del Estado (capítulo VII del Presupuesto) en la partida destinada a empresas no financieras y hogares residentes y no residentes. Estos utilizan, en teoría, esos fondos para cancelar el crédito que les fue concedido por el ICO que, a su vez, reduce parte de los pasivos que tiene frente al Estado.

De ser así, los expertos consultados sostienen que esos 348.182 millones de pesetas de deuda cancelada deben incrementar el déficit del Estado en esa cantidad, lo que aproximadamente supone medio punto del PIB. Fuentes del anterior equipo del Ministerio de Economía que diseñaron la operación entienden, por el contrario, que se trata de una compensación de pérdidas y que no debe tener por tanto una incidencia directa en el déficit público.

Traspaso de poderes

En el traspaso de poderes "nadie nos informó de que la situación fuera ésta", afirma un alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda actual. Por tanto, "no lo aceptarnos", añaden las mismas fuentes. El actual equipo del ICO, que accedió a la entidad el pasado 9 de junio encabezado por Fernando Bécker en sustitución de Miguel Muñiz, tampoco se siente comprometido.¿Se puede desmontar la operación? La pregunta se responde desde el nuevo ICO con un "lo estamos revisando todo". En su opinión, -"efectos prácticos no tiene; veremos -si se da marcha atrás o lo podemos reconducir en parte".Técnicos expertos en contabilidad nacional insisten en que una vez efectuado el préstamo, debe reflejarse en el déficit del año en curso. Pero el actual Gobierno -que afloró en julio un desfase de 721.000 millones de pesetas por otros conceptos y quiere adjudicarlo al déficit de 1995-, se niega ahora a asumir un nuevo desfase-de casi 350.000 millones de pesetas- producto de decisiones del anterior Gobierno. Sus argumentos son que todo se hizo de forma apresurada cuando el decreto de prórroga daba dos años de plazo (1996 y 1997) y que se esperó hasta el último momento, con las elecciones ya perdidas, cuando el desequilibrio del ICO proviene de muchos años atrás.

La importancia de asumir la operación del ICO es que obligaría a un ajuste presupuestario mucho más duro para el año 1997; es decir, habría que partir- de esos casi 350.000 millones de pesetas de mayor déficit, cuando no se contaba con ello. Y la gravedad del asunto es que la Oficina Estadística de la Unión Europea mira con lupa la contabilidad pública de los Estados miembros para vigilar que no se manipula a efectos de cumplir con Maastricht. Bruselas "también está encima" para retirar los fondos de cohesión en el caso de que un país incurra en el llamado procedimiento de déficit excesivo.