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Los países del euro que tengan un déficit excesivo serán castigados con una escala de sanciones

El Pacto de Estabilidad para la moneda única europea recibió el pasado martes un serio impulso en el Comité Monetario de la Unión Europea (UE). Los países que consigan acceder al euro (los llamados in) e incumplan los techos máximos de déficit presupuestario serán castigados con una scala de sanciones, cuya cifra mínima será el equivalente al 0,2% de su producto interior bruto (PIB) a partir de 1999. Los países excluidos o out recibirán la ayuda del Banco Central Europeo (BCE) en caso de tempestad monetaria en función de su buena conducta convergente.

El Pacto de Estabilidad, propuesto por el alemán Theo Waigel, pretendía castigar a los países in que sean incumplidores con sanciones automáticas equivalentes al 0,25% de su PIB (un depósito sin devengo de intereses en el BCE, transformable al cabo de un año en multa), por cada punto de desviación respecto al techo del déficit del 3%. Pero la Comisión le convenció este verano de que el tratado impide el automatismo de las multas. Y ésta reformuló el pacto, en clave más flexible y menos drástica, lo que ha perfilado un consenso que parece mayoritario. La reunión de los ministros de Economía y Hacienda en el Ecofin informal del próximo día 20 de septiembre debe darle el visto bueno o modificar detalles.La propuesta reformulada estriba en que el país divergente sea castigado con una cantidad compuesta por dos elementos: una parte fija, equivalente al 0,2% del PIB; y una parte variable, proporcional a la diferencia entre el déficit que registren y el techo permitido (3%). De esa forma, recibirían proporcionalmente más castigo los más incumplidores.

En cualquier caso, y a diferencia de la propuesta de Waigel, la sanción -siempre un depósito, transformable en multa al cabo de un año o de dos-, tendría un límite máximo: el 0,5% del PIB del país afectado.

La sanción nunca sería automática, sino que se impondría a través de un procedimiento de nueve meses, lo bastante corto como para ser eficaz y suficientemente largo como para permitir una rectificación fiscal. Este período empieza- en marzo, cuando se presentan las cifras del ejercicio anterior. En mayo, el Ecofin, confirma oficialmente el desvío y da sus recomendaciones secretas. En septiembre, el Consejo examina al Estado infractor sobre si ha adoptado las medidas adecuadas y eficaces para volver al buen camino: puede hacer pública la recomendación. En diciembre, el Consejo de Estabilidad (el Ecofin de los in) impone la sanción si no se ha recuperado la. desviación. El Consejo podrá no imponer sanción si juzga que el desvío es temporal o coyuntural.

Aunque una mayoría de países se decantó por este esquema, según fuentes comunitarias, no hay aún unanimidad. Alemania, que pasó de defender el automatismo a aceptar un período corto, de seis meses, se oponía a ampliarlo. Otros países, entre ellos algunos del Norte, reclamaban un plazo mínimo de doce meses, juzgado indispensable para que una rectificación fiscal dé fruto.

La base jurídica para el esquema está en el Tratado, que permite: aumentar las sanciones (art. 104 C, 11); hacerlo por mayoría cualificada (art. 104 C, 13), lo que impide un Schengen monetario; reforzar los procedimientos de convergencia y convertir los planes de convergencia nacionales en "programas de estabilidad", voluntarios pero vinculantes (art. 103, 5); imponer las sanciones por mayoría cualificada de los in (art. 109 K).

Bandas amplias

El IME (Instituto Monetario Europeo), propondrá al Ecofin que el nuevo Sistema Monetario Europeo, el SME-bis, contemple unas bandas de fluctuación amplias, similares a las del actual SME; que sean reducibles por acuerdos bilaterales entre el BCE y cada Estado miembro; que no sólo el Estado afectado sino también el BCE sea competente para realizar las propuestas de realineamiento o devaluación; y que las intervenciones del BCE sean en cantidades discrecionales, pero más solidarias cuanto más el país afectado haya respetado su propio plan de convergencia; es decir, cuanta más buena conducta haya exhibido.

[La comisaria europea de Política Regional, Monika Wulf Mathies, se entrevistará la semana próxima en Madrid con el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, para analizar si el desfase presupuestario de 721.120 millones de pesetas detectado puede tener implicaciones en la concesión de ayudas a través del fondo de cohesión, informa Efe.]

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de septiembre de 1996

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