Adopción y discriminación

A quien hoy día dijese que una mujer no tiene derecho al trabajo o que un magrebí no tiene derecho al uso de los transportes públicos se le podría considerar, sin paliativos, un reaccionario. Aplicando el mismo razonamiento, aquellos que ejerciten la discriminación contra las personas por razón de su orientación sexual se les puede considerar igualmente. Cuando la secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, persona supuestamente progresista dentro del Partido Popular, afirma que no es una prioridad del Gobierno el reconocimiento de los derechos de las parejas de hecho, que la ley establece que a los niños los adoptan las familias -falso, pues lo único dispuesto es, que la adopción requiere que el adoptante haya alcanzado la edad de 25 años-, y que una pareja homosexual no tiene tal consideración, está ejerciendo la discriminación antes referida. Si aseveraciones de este tipo son ya incomprensibles en estos tiempos, más grave es la cuestión de su procedencia: es difícil entender que tan alto cargo de la Administración, en lugar de procurar la integración y promover la tolerancia y la igualdad sociales, haga todo lo contrario.Que nadie de su partido rectifique o matice sus declaraciones (en Abc, el día 13 de agosto de 1996) o pida su dimisión hace pensar lo que muchos ya temíamos: el PP, empeñado en ignorar la realidad de que cada vez existen más familias hornosexuales, no tiene la menor sensibilidad para los asuntos sociales. La derecha española, próxima a las sotanas, no ha evolucionado en estos temas, y no podemos esperar, al menos mientras ellos gobiernen, leyes que profundicen en las libertades y la democracia.

Una decidida intervención del Defensor del Pueblo en defensa de un colectivo tan importante de ciudadanos también sería conveniente. El problema es que tal defensor, en España, no existe.-