El Gobierno niega a CiU un acuerdo en Sanidad previo a los Presupuestos

El Gobierno ha tensado al máximo las negociaciones con CiU sobre los Presupuestos del año que viene. No acepta resolver el problema de la financiación de la Sanidad con anterioridad al acuerdo, primera condición de los nacionalistas catalanes, y no reconoce que deba afrontar una deuda de 60.000 millones por los desfases desde el año 1994 en la sanidad catalana, como en parte se contempló en el acuerdo de investidura.

La cumbre ayer en Madrid entre el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, el de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, el consejero de Economía catalán, Maciá Alavedra, y los diputados de CiU Joaquíni Molins, Francesc Homs y Josep Sánchez LLibre, no cumplió las expectativas sobre un avance claro en las negociaciones. El desacuerdo fue manifiesto por la negativa del Gobierno a las exigencias de Convergencia i Unio (CiU).Tras la reunión, que duró unas tres horas, el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, explicó que es la ponencia creada en el Congreso sobre financiación de la Sanidad quien debe establecer un nuevo modelo para su entrada en vigor en el año 1998 y, si así lo decide, "anticipar medidas". Entre ellas, podría estar el pago por las recetas médicas. Fuentes del ministerio indican que no se descartan contactos bilaterales al respecto entre el Gobierno y CiU pero que un asunto de tanta trascendencia, como es la financiación de la sanidad (tres billones de pesetas al año), se debe resolver en el Parlamento, en la línea seguida con el Pacto de Toledo.

Lo que hay que renovar es el acuerdo sobre financiación de la sanidad, que finaliza en 1997, según el cual las transferencias del Estado hacia las autonomías con competencias en Sanidad aumentan en 1994 y en los tres años sucesivos igual que el PIB nominal (crecimiento de la economía más inflación). Se partió del año 1993, incrementado en el PIB nominal pero restado en 90.000 millones de pesetas correspondientes a un ahorro en gasto sanitario estimado. Una vez concluido 1994 el ahorro real fue cercano a los 150.000 millones de pesetas, cifra que Cataluña no acepta.

Al hacer sus presupuestos para 1994 las autonomías no se creyeron que tal ahorro pudiera producirse -en el pasado se gastó siempre de más-, gastaron por encima y ello les ha creado un desfase -engordado en 1995- respecto de la liquidación final que les ha efectuado el Estado mediante las transferencias. Por todo este desfase, sólo Cataluña reclama 60.000 millones de pesetas. Parte de esa deuda -sólo la correspondiente a 1994-, fue reconocida en el pacto de investidura PP-CiU, pero ahora el Gobierno considera que, una vez vistas las cifras, el ahorro se produjo realmente y, por lo tanto, no cabe esa compensación por el pasado.

Por otra parte, el Gobierno aplazó ayer la constestación a una pregunta oral del grupo parlamentario socialista del Senado acerca de cómo la pérdida de valor de las participaciones del Estado en las empresas públicas afectará a las privatizaciones. La pregunta estaba incluida en el orden del día del primer pleno de control celebrado esta tarde en la Cámara Alta, según informó el PSOE.

En este sentido, el portavoz socialista en la Comisión de Economía y Hacienda y autor de la iniciativa, Octavio Granado, subrayó que a pesar de que la pregunta se dirigió al vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, el Ejecutivo aplazó la respuesta de la misma argumentando la ausencia del titular de Industria, Josep Piqué.

En opinión de Granado se trata de una "argucia" del Ejecutivo ante la imposibilidad de dar una contestación adecuada. "Necesitan vender rápidamente y fruto de la irresponsabilidad de esta prisa y de los reiterados anuncios, les llevará a malvender a precios bajos el patrimonio de todos los españoles", dijo.