Cuesta abajo

A comienzos de verano escribí un artículo para la prensa vasca titulado ¿Individuales o colectivos? Versaba sobre derechos humanos, tratando de introducir cierta razonable separación de bienes en ese matrimonio de conveniencias ungido por la muletilla "derechos individuales y colectivos", semejante ya como frase hecha en el País Vasco al "señoras y señores" de los oradores clásicos. Recordé cosas sabidas: que los derechos humanos son siempre individuales por su dimensión moral -(derivada de nuestra disposición a reconocernos en otro poniéndonos en su lugar, algo imposible de hacer con una colectividad o una institución); que tales derechos individuales no pueden estar supeditados ni a los más decentes proyectos políticos -llamados a veces "derechos" por quienes quieren acelerar su triunfo sin someterse a las urnas-, pues el objetivo de su proclamación es servir de límite democrático y baremo ético de tales proyectos; que hablar de derechos "individuales y colectivos" no es más que una reverencia a la razón de Estado -sea el Estado vigente o el que aspira a sustituirle-, la cual sólo reconoce a los primeros mientras no interfieran con los segundos. Escribí el artículo, alivié mi alma y me quedé tan tranquilo.Llegó agosto, mes de abusos, más cruel que el abril del poeta y con unos idus que ríete de los de marzo (en agosto se aprovechan de que todos estamos un poco "idus"). Tras la negativa a desclasificar los papeles del Cesid por, parte del Gobierno (cuyos miembros tan partidarios se mostraban de desclasificarlos antes de ocupar esa alta magistratura) se nos vino -encima el anteproyecto de la ley de secretos oficiales, cuya desfachatez oligárquica es notable incluso para los tiempos que corren. Los argumentos que se han avanzado a favor de no desclasificar los documentos del Cesid reclamados por los jueces para esclarecer el caso GAL (y no para derribar el Gobierno socialista que ya no hay o para desestabilizar la democracia, que consiste precisamente en separar el poder judicial del ejecutivo) son tan indignos como la decisión misma de no desclasificarlos. Según dicen, si tal tipo de revelaciones pudieran hacerse se imposibilitaría la existencia de servicios secretos. Bueno, si los servicios secretos sólo pueden funcionar con el permiso tácito de cometer o encubrir impunemente crímenes contra los ciudadanos, el hecho de que dejaran de existir. sería un notable progreso. En Italia ya han tenido que desmantelarlos una vez hace pocos años, tras haberse convertido en competidores terroristas de los grupos que decían combatir... Es un argumento parecido al de quienes sostienen que un poco de tortura es imprescindible al buen funcionamiento de la policía.

También se ha mencionado en contra de la desclasificación la impresión de poca seriedad que daríamos ante otros Estados, como si la seriedad de los Estados democráticos consistiese en amparar los abusos de poder bajo un manto de silencio, con cara de póquer. No estoy seguro de que si el testimonio de Gómez Nieto sobre la tortura y asesinato de Lasa y Zabala llegase a los tribunales la CIA fuera a retiramos el saludo, pero creo en todo caso que merece la pena arriesgarse al disgusto.

Y por encima de todo, claro está, se invoca la seguridad del Estado qué es -según concluyó una criatura ministerial- "la seguridad de todos los ciudadanos" (¿también la de Lasa y Zabala?). Pues no, fíjese. En gran medida la seguridad de los ciudadanos depende de los controles establecidos y efectivos sobre el Estado, es decir sobre sus gestores. El Estado no es un cuerpo místico en el que reina la comunicación de los santos, sino un tinglado institucional por cierto provechoso, pero cuyos administradores son tanto más buenos cuanto menos malos se les deja impunemente ser. De nuevo el conflicto entre derechos colectivos e individuales- el Estado tiene derecho a defender su seguridad, pero está limitado por los derechos individuales de los ciudadanos, cuya protección es la auténtica razón del Estado. A favor del Estado obsesionado por su seguridad cuenta que suele ser' más fácil pedirle responsabilidades concretas que al "pueblo" obsesionado por sus derechos históricos... salvo que se le permita dictar leyes que lo impidan, como la de secretos oficiales proyectada.

Esa ley "mira al futuro", como dice Aznar, pero sacando escarmiento del pasado. No trata de prevenir un nuevo caso GAL, como sería lo propio, sino la revelación de otro caso GAL y el castigo penal del ya habido. Y que conste que el GAL no es sólo un grupo terrorista que desapareció hace 10 años, sino sobre todo una forma de actuar de las fuerzas de seguridad del Estado que debe ser contundentemente atajada para que tales fuerzas sigan defendiendo también y ante todo la seguridad de los ciudadanos.

- Se ha hecho pública la preocupación por la relación que pueda haber entre la violencia juvenil en Euskadi y la enseñanza que se imparte en ikastolas (escuelas) y otros centros educativos. Sin duda tal vínculo existe en bastantes ocasiones, aunque sea eventual y nada tenga que ver con la enseñanza en euskera. No es tanto que se haga en las aulas promoción directa de la violencia como que se fomentan los mitos que refuerzan en demasiados casos su legitimación. Hay por ejemplo una forma de explicar la historia, que recuerda mucho esos cuentos "políticamente correctos" caricaturizados con acierto por James Finn Garner: ya saben, "historia de tres cerditos empeñados en la defensa de su hogar y de su cultura contra un enorme lobo malo con ideas expansionistas". No vendría mal otro florido pensil sobre la instrucción nacionalista en el País Vasco o en Cataluña, tal como el muy celebrado sobre la enseñanza nacionalista del franquismo. Pero el verdadero problema educativo no es lo que se defiende, sino lo que no se defiende: la constitución plural y modificable, la diferencia entre el derecho a sustentar proyectos políticos y el derecho a verlos aceptados aunque disgusten a la mayoría, la legitimidad de la fuerza coactiva del Estado de derecho frente a quienes esperan su legitimidad de uso sublevatorio de la fuerza, la justa resistencia contra el capricho de borrar por las bravas la convivencia cultural de siglos en nombre de una identidad definida sólo por sus antagonismos, etcétera. En las ikastolas, en los institutos y en la universidad hay gente decidida a defender esos principios esenciales, con no poco riesgo personal. Son ellos los damnificados por el no esclarecimiento del GAL y por las leyes destinadas a encubrir los abusos del Estado. Los esfuerzos educativos de quienes se enfrentan a la justificación radical de la violencia quedan saboteados por el "realismo sucio" de los políticos.

El joven vasco crece entre los partidarios de la ideología política del kalimotxo, que imponen su identidad quemando vivos a quienes se les oponen, y el señor ministro que les informa de que el Estado, para ser serio, cuando la hace no la paga sino que la calla... y la acalla. En ambos casos predomina lo colectivo sobre los derechos humanos, entendiendo por derechos colectivos el derecho de quienes hablan en nombre de lo colectivo a atropellar a los simples individuos humanos. Y no es raro entonces que el joven así maleducado acabe convertido en terrorista kalimotxales. O en ministro.

Fernando Savater es catedrático de Filosofia de la Universidad Complutense de Madrid.