Defensa estudia aplazar en al menos tres años la edad de retiro forzoso de los militares

El ministro de Defensa, Eduardo Serra, se propone frenar el acelarado rejuvenecimiento que han experimentado en la última década los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas españolas y que lleva a que muchos oficiales se tengan que marchar a casa, antes de cumplir 55 años, en pleno uso de sus facultades. Esta jubilación anticipada y forzosa le cuesta a Defensa más de 100.000 millones al año; por encima del 10% de su presupuesto total.

El Ministerio de Defensa está estudiando fórmulas para evitar el retiro precoz de los militares, que supone una sangría creciente de recursos económicos y humanos, además de un motivo de malestar entre los afectados.Fuentes de dicho departamento dan por segura la próxima supresión de la norma que obliga a los oficiales a concluir su carrera a los 32 años de servicio, si no ascienden al generalato. Teniendo en cuenta que hace tres décadas se podía ingresar en las academias con 16 o 17 años y se obtenía el despacho de teniente cuatro años después, son muchos los coroneles, tenientes coroneles y comandantes obligados a jubilarse con 52 o 53 años.

Esta medida se incluyó en la Ley del Personal Militar, de julio de 1989 como una forma de reducir el abultado excedente de mandos que tenían los ejércitos, pero ha entrado en vigor de forma progresiva, de forma que hoy el retiro forzoso se produce con poco más de 33 años de servicio activo y la entrada en vigor del límite de los 32 años, está prevista para 1999.

"Minas de efecto retardado"

Como ocurre con el contencioso de las viviendas militares, el Partido Popular se encuentra en la tesitura de poner en práctica una ingrata medida aprobada por los socialistas."Parece que el PSOE tuviera previsto desde hace cinco años cuándo perdería el poder y nos hubiera ido dejando minas de explosión retardada que ahora nos toca a nosotros desactivar", afirma un experto del PP.

El objetivo del límite de los 32 años era adecuar la proporción de mandos a unos menguantes efectivos de tropa, tanto por la reducción de la mili como por la del propio tamaño de los ejércitos, pero los afectados consideran que se les discrimina por haber ingresado más jóvenes en las academias.

Además, para el Ministerio de Defensa la medida no supone apenas ahorro, pues los militares en la reserva cobran igual que si estuvieran en activo, salvo los complementos ligados al destino. Como consecuencia de ello, la partida destinada al pago del personal en reserva no ha dejado de crecer en los últimos años y en 1996 supera ya los 110.000 millones de pesetas.

La decisión del Gobierno de aplazar hasta los 70 años la edad de jubilación forzosa para, el personal de la Administración, manteniendo la voluntaria en los 65, supondrá un nuevo aumento de gasto para Defensa, que paga con cargo a sus presupuestos al personal en reserva hasta que cumple la edad de jubilación, cuando pasa ya a cobrar las Clases Pasivas.

Otra medida en estudio para aplazar el retiro precoz de los cuadros de mando es elevar de 58 hasta 61 años la edad de pase a la reserva de los coroneles de los tres ejércitos y hasta los 59 la de los demás empleos, independientemente del tiempo que lleven de servicio.

Se trataría de homologar la situación de los miembros de los cuerpos generales con la de Intendencia, Ingenieros o los cuerpos comunes.

El problema de estas medidas radica en que podrían provocar un tapón en la cúspide de la carrera militar, impidiendo ascender a las promociones posteriores. Las fuentes consultadas estiman que ello podría evitarse limitando el tiempo de permanencia en los destinos de mando y trasladando a los oficiales de más edad a puestos administrativos o burocráticos

Las mismas fuentes sostienen que algunas de las tareas que realizan trabajadores civiles -Defensa tiene casi 50.000; entre funcionarios y contratados laborales- pueden ser encomendadas a militares, con la ventaja de que a los segundos hay que pagarles de todas formas, por lo que a medio plazo se conseguiría un ahorro.

Defensa no ha decicido aún cómo arbitrar estas medidas, pero se baraja la posibilidad de incluirlas en la ley de acompañamiento de los presupuestos, lo que garanrizaría su aprobación antes del 31 de diciembre.