Moratoria para el deshaucio de las viviendas castrenses

Desde el pasado 23 de enero, los militares que pasan a la reserva ya no pueden conservar la vivienda castrense que ocupan, sino que se ven obligados a desalojarla. Esta medida, sumamente impopular en las Fuerzas Armadas, es un efecto retardado -con cinco años de retraso exactamente- del real decreto de viviendas militares, en vigor desde enero de 1991.El problema para el Partido Popular, que criticó duramente el decreto cuando estaba en la oposición, radica en que se ve obligado a ejecutar tan antipática medida nada más llegar al poder. Por eso, los nuevos responsables del departamento han decidido paralizar los desalojos, salvo casos de flagrante ocupación indebida, y preparar una reforma del decreto.

Según las fuentes consultadas, dicha reforma aplazará en al menos cinco años más la entrada en vigor del polémico artículo que obliga a los militares a dejar la casa al pasar a la reserva. La patata caliente se traslada así a quienes tengan la responsabilidad de gobernar dentro de un lustro.

La moratoria servirá también para que el Ministerio de Defensa realice un estudio de su parque inmobiliario, integrado por unas 45.000 viviendas y decida qué hacer con él.

El decreto sobre viviendas ha sido una de las normas más conflictivas dentro del estamento militar, originando la presentación de casi 22.000 recursos ante los tribunales.

Ha supuesto un drástico aumento de los alquileres y ha afectado, además del personal en activo, a otros colectivos, como las viudas o los militares en reserva transitoria.

Sin embargo, a lo largo del último quinquenio sólo 1.200 casas han sido recuperadas por el Ministerio de Defensa. Una cifra insignificante en comparación con las 10.000 que se preveía desalojar cuando entró en vigor la nueva normativa.

La cara amable del decreto ha sido el cobro de una compensación económica por parte de los militares que, teniendo derecho a vivienda, no han podido acceder a ella. En 1995, casi 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas recibieron por este concepto un total de 3.217 millones de pesetas.