El aluvión de críticas fuerza al Gobierno a dar marcha atrás en la Ley de Secretos Oficiales

La oleada de críticas desatada contra el proyecto de Ley de Secretos Oficiales elaborado por el nuevo Gobierno ha tenido consecuencias inmediatas: el Ejecutivo dará marcha atrás y revisará el texto. Al vicepresidente mero, Francisco Álvarez Cascos, le tocó dar la cara para anunciarlo. Al finalizar el Consejo de Ministros de ayer, se comprometió, en nombre del Gabinete, a revisar el polémico proyecto. "Seremos sensibles" dijo. Fue preciso al adelantar, que son claramente modificables tanto las sanciones administrativas contra los medios de comunicación que publiquen secretos -hasta 100 millones de pesetas- como los plazos para mantener clasificados secretos los documentos -medio siglo-. José María Aznar, desde México, confirmó su disposición a rectificar. Tendrá en cuenta, dijo, las observaciones del Poder Judicial y del Parlamento.

El vicepresidente utilizó toda la amabilidad y el guante blanco que es capaz de exhibir para apagar el incendio que ha provocado el proyecto de Ley de Secretos Oficiales, el mayor desde que el PP gobierna. Cascos cubrió al proyecto de adjetivos. Lo calificó de "inicial", "discutible", "opinable", "abierto a modificaciones" y "revisable". Insistió en que "no es un proyecto autoritario" y en que "no hay voluntad política de mordaza" por parte del Gobierno. Estaba claro que quería detener al aluvión de críticas suscitadas contra el texto, desde sus aliados de Gobierno, como los grupos catalán y canario, a instituciones como la Federación de Asociaciones de la Prensa.Para calmar esta oleada de opiniones adversas a la iniciativa del Gabinete, el vicepresidente indicó que hay mucho tiempo para presentar enmiendas. Anunció que el Ejecutivo acaba de enviar el proyecto al Consejo General del Poder Judicial para que lo dictamine, y queda posteriormente todo el periodo de tramitación parlamentaria.

Los mismos argumentos que desarrollaría pocas horas después el presidente del Gobierno en México, informa . Aznar volvió a justificar el proyecto de ley, pero, ante las numerosas críticas que ha suscitado un texto que permite multar a los medios de comunicación por divulgar asuntos reservados, se mostró dispuesto a modificarlo.

En la conferencia de prensa que ofreció en el segundo día de su visita a México, reconoció que la ley en ciernes "no es simpática porque es restrictiva", pero razonó que "fórma parte de las obligaciones del Gobierno" el sacarla adelante porque "una parte de la acción del Ejecutivo debe ser secreta". Insistió en que desea que se promulgue "una ley homologable con las vigentes en los países de nuestro entorno ( ... ) con todas las garantías necesarias", y añadió que acusarle de promover una "ley mordaza" es "absurdo".

"En función de todas las aportaciones que se hagan, en función de las observaciones el Consejo General del Poder Judicial, de las reflexiones del Gobierno, y del trabajo parlamentario, no tengo ningún inconveniente en modificar el proyecto porque mi único deseo es una regulación clara que todo el mundo entienda".Alvarez Cascos, por su parte, adelantó dos aspectos del proyecto que el Gobierno presumiblemente va a modificar: las sanciones administrativas a los medios de comunicación que publiquen documentos secretos y los plazos durante los que el Gobierno podrá mantenerlos clasificados.

No aclaró si la revisión va a incluir alguna fórmula de control parlamentario sobre las atribuciones del Gobierno para declarar secretos los documentos. Tampoco dijo si es revisable que un ministro, como dice el proyecto, y no el Consejo de Ministros, tenga capacidad para decidir sobre la calificación de los documentos como secretos. Sí manifestó que es un avance que en el actual proyecto se le quite a la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) la facultad que en la vigente ley tiene para decidir sobre los secretos. De todos modos, Cascos replicó a Izquierda Unida que todo lo que aparece en el texto legal entra en el ordenamiento constitucional Y atribuyó la oleada de reacciones críticas y su virulencia al clima político existente tras los escándalos relacionados con los servicios secretos (Cesid) por la filtración de documentos. secretos a la prensa por parte de su número dos, el coronel Juan Alberto Perote. "Para corregir los excesos no hace falta un proyecto. Ya están corregidos. Está normalizado el funcionamiento de los servicios secretos", argumentó. El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar a Francia la extradición del ex número tres de ETA Julián Atxurra Egurola, Pototo, detenido el 23 de julio. También adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Reales decretos:

- Creada la Comisión Nacional Conmemorativa del Primer Centenario de la Muerte de Antonio Cánovas del Castillo. La presidirá Álvarez Cascos.

- Aprobado el Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Acuerdos:

- Más de 4.700 millones para reparar los daños de la catástrofe de Biescas.

Nombramientos:

- Juan Ortiz Úrculo, fiscal general del Estado; José Javier Nagore San Martín, embajador en la República del Camerún; José Ramón Esteruelas, director general de Correos y Telégrafos.