Romay se compromete a respetar la subida salarial pactada con los especialistas del Insalud tras la huelga

La congelación salarial para todos los funcionarios anunciada por el Gobierno no afectará a las subidas pactadas con los médicos especialistas del Insalud tras la huelga del año pasado. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, se comprometió a ello en una reunión organizada ayer en Madrid por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). "Nuestro propósito es cumplir los acuerdos firmados y dedicar los recursos necesarios para ello", aseguró Romay.Los primeros compromisos del pacto, que ya se han hecho efectivos, fueron una subida de 30.000 pesetas mensuales para todos los especialistas en 1995 y 8.000 pesetas más este año. Sólo quedaría pues una tercera parte del acuerdo, que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) espera que se cumpla "antes de que acabe este año", según indicó su presidente Carlos Amaya. Y esta consiste en un nuevo reparto de 264.000 pesetas anuales por facultativo (22.000 pesetas al mes), comprometidos a cambio de aumentar la actividad hospitalaria en un 5% y un ahorro en suministros y farmacia hispitalaria de la misma magnitud. "El crecimiento se ha conseguido y sobre el segundo punto, hay que hacer todavía valoraciones", indicó Amaya,

100 pesetas por receta

El ministro Romay evitó aclarar si la tasa de 100 pesetas que estudia implantar por cada receta afectará tanto a trabajadores activos como a pensionistas. Fuentes ministeriales aseguraron posteriormente que "aún no está decidido". Romay repitió que se está barajando también subir la aportación de los trabajadores activos al coste de las medicinas, que actualmente está en el 40% de su precio, como ya avanzó el subsecretario de Sanidad, Enrique Castellón, a EL PAÍS el pasado mes de julio.

La preocupación dé Romay por el gasto farmacéutico español, "el más alto de los países de la OCDE en comparación con el gasto sanitario total", insistió, le llevará a plantearse otra serie de medidas complementarias. Entre ellas citó el establecimiento de protocolos sanitarios- para usar las medicinas más baratas entre las de igual eficacia, la potenciación de fármacos genéricos, la revisión de los envases para acomodarlos a las dosis estrictamente necesarias o, incluso el establecimiento de precios de referencia. Esto significa que el Estado marca el precio que asume por cada medicina, y el usuario paga el resto de su coste comercial, como sucede en Alemania.

Romay sugirió igualmente, una posible salida de la financiación pública de más medicamentos, incluidos en los utilizados para patologías menores. Los enfermos crónicos no verán modificada su actual gratuidad.

En cualquier caso, el ministro se comprometió a discutir todas estas medidas con la ponencia parlamentaria para la reforma de' la sanidad y con los agentes sociales antes de llevarlas a la práctica. Los sindicatos han reaccionado con firmeza contra cualquier medida que afecte al poder adquisitivo de los pensionistas y han anunciado movilizaciones, en caso de que se implanten.