El aplazamiento prolonga la incertidumbre en el PSOE y paraliza su labor de oposición

El aplazamiento del Supremo de la decisión sobre la citación de Felipe González por el caso GAL no ha sido una sorpresa, pero ha caído como un jarro de agua fría en las filas del PSOE. Los dirigentes socialistas saben que la incertidumbre se prolongará varias semanas, con un efecto prácticamente inevitable: la paralización del PSOE como partido de la oposición. La expresión de ese malestar la ofreció ayer el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, quien manifestó con amargura que la situación ya dura demasiado tiempo" e incrementa la 'judicialización" de la política española.

Almunia no se anduvo con contemplaciones, ya que, como presidente del Grupo Parlamentario Socialista, y, por tanto, punta de lanza en la tarea de oposición del PSOE, uno de los más afectados por el aplazamiento.El problema que se le plantea al PSOE es que tiene que dedicar una parte de su esfuerzo como partido de oposición a resolver cuentas pendientes de su etapa de gobierno. "Esta situación no nos inhabilita como partido de oposición, pero qué duda cabe que nos afecta psicológicamente", señala un destacado miembro del Grupo Parlamentario Socialista.

Si el aplazamiento en sí mismo, con la consiguiente incertidumbre, ya es un problema, la cosa se complica aún más para los socialistas ante el anuncio de la vista pública de los recursos planteados al juez Eduardo Móner, lo que acarreará un desfile de implicados, abogados y acusadores particulares que reavivarán ante la opinión pública el caso GAL.

Almunia se refería con amargura a este hecho al señalar que "volverán a cobrar protagonismo comentaristas reconvertidos en juristas expertos, y la Audiencia Nacional volverá a convertirse en el centro del interés, lo que, en definitiva, perjudica al conjunto de la vida política".

Almunia defendió a capa y espada la tesis de que la judicialización perjudica a la política en su conjunto, no sólo al PSOE,directamente afectado por el escándalo GAL.

El Gobierno no quiso pronunciarse. Se limitó a señalar, como acostumbra, que respeta las decisiones judiciales. No obstante, el interés del Ejecutivo es que la cuestión salga cuanto antes de la primera plana de la actualidad. El equipo de Aznar ya ha comprobado que la judicialización también desvirtúa sus mensajes, que no llegan a sus destinatarios o quedan difuminados por la vida judicial. En definitiva, todos los políticos acaban salpicados en la percepción de la opinión pública.

Los socialistas no creen que detrás de la decisión del Supremo haya gato encerrado. Piensan más bien que el tribunal ha buscado una salida de urgencia para evitar pronunciarse ante una decisión complicada para la que los magistrados aún estaban verdes, después del paréntesis veraniego.

La amargura de Joaquín Almunia era patente. "Conociendo como funciona la Justicia española, no me sorprende que haya acordado darse una prórroga más para tomar decisiones".

El presidente del Grupo Socialista no ocultó el golpe que supondría para su partido que Felipe González tuviera que comparecer ante el Supremo. "Cualquiera que pisa un juzgado es considerado por algunos inquisidores que existen en este país como alguien ya sentenciado penalmente", dijo.

El ex ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el secretario de relaciones políticas Txiki Benegas reaccionaron de manera mucho más comedida. Se acogieron a la fórmula del respeto a las decisiones judiciales.

Prefirieron no comentar la decisión del Supremo, pero Belloch no pudo reprimir su deseo de lanzar un viaje al hoy magistrado del Tribunal Supremo José Luis Manzanares, antes vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Sin ninguna duda, se tendría que haber abstenido, después de la actitud que mantuvo en el CGPJ, con un claro planteamiento político partidario. Ni siquiera mantuvo posiciones políticas conservadoras. Habría que decir que era del sector más duro y reaccionario del Partido Popular".