Fuerte división en el Tribunal Supremo ante la posibilidad de citar a González en 'el caso GAL'

El pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se reúne hoy para estudiar el recurso de queja de la acción popular del caso GAL contra la negativa del juez instructor, Eduardo Móner, de llamar a declarar al ex presidente del Gobierno Felipe González. A partir de las 10.30, el alto tribunal deberá examinar en primer lugar si respalda o no la decisión del juez Móner y, en caso negativo, resolver si procede citar al ex presidente y si éste debe comparecer en calidad de imputado o de testigo. Pero la sala también puede decirle al juez que tramite el recurso, de apelación que denegó a los acusadores, lo que aplazaría aproximadamente un mes y medio la decisión del pleno. El tribunal se encuentra fuertemente dividido.

Las posibilidades son tantas que ninguno de los magistrados se atreve a aventurar un pronóstico. Los 11 magistrados de la Sala Segunda se reunirán para escuchar del ponente de la causa, Joaquín Delgado, una exposición previa del caso. Después tomarán uno a uno la palabra, por orden inverso de antigüedad y terminando por el presidente en funciones, José Augusto de Vegá. Tras una primera ronda de consultas pueden realizar una segunda para ultimar criterios antes de las votaciones. Todos confían en terminar su deliberaciones hacia la una y media de la tarde.Los 11 magistrados que se sentarán a la mesa de reuniones son: José Augusto de Vega Ruiz, presidente en funciones; Ramón Montero Fernández-Cid, José Luis Manzanares Samaniego, Enrique Bacigalupo Zapater, Gregorio García Ancos, Luis Román Puerta Luis, Joaquín Martín Canivell, Joaquín Delga do, José Antonio Martín Pallín, Cándido Conde-Pumpido y Roberto García Calvo.

La acción popular del caso GAL, representada por los abogados José Luis Galán y Teodoro Mota, así como el procesado Ricardo García Damborenea, pidieron en reiteradas ocasiones a lo largo del proceso que se tomase declaración en calidad de imputado al ex presidente González, al que acusan de autorizar la guerra sucia contra ETA. El magistrado instructor respondió que contra González sólo había "meras sospechas" e "imputaciones genéricas" que no eran suficientes para tomarle declaración como imputado.

Cadena de recursos

Contra esta negativa del juez, la acción popular presentó un recurso de reforma ante el propio instructor, que Móner rechazó, y, subsidiariamente, otro de apelación para que Móner lo elevase al pleno de la Sala Segunda y éste resolviese. El instructor entendió que contra su decisión no cabía el recurso de apelación ante la Sala Segunda por lo que la acción popular presentó un recurso de queja al Supremo. Esa queja contra la negativa de Móner a tramitar la apelación es la que hoy ve la Sala Segunda.Si el tribunal estima la queja de la acción popular, puede devolver el asunto a Móner para que tramite el recurso de apelación inicial, con lo cual la decisión definitiva sobre la citación de González se adoptaría, por los mismos magistrados, dentro de mes y medio aproximadamente, tras celebrar una vista.

También pueden, de estimarse la queja, reconvenir al instructor por no haber tramitado la apelación, decirle que lo haga en lo sucesivo y entrar directamente en el fondo del asunto por razones de "economía procesal" y para evitar "dilaciones innecesarias". En ese caso tendrán que decidir si se cita o no a declarar a González y, en caso afirmativo, si le llaman como imputado o como testigo.

Si el Supremo acuerda que González declare como testigo, el ex presidente no tendría que acudir en persona al Supremo, ya que el artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime de acudir ante el juez a los que hayan sido presidentes del Gobierno, y les permite informar por escrito sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo. Si el Supremo acordase llamarle como imputado, tendría que recabar antes la autorización del Congreso, previa remisión del correspondiente suplicatorio. Si finalmente González tuviera que comparecer como imputado, tendría que ir acompañado de un abogado defensor.

Todo este galimatías procesal aún puede complicarse si, por ejemplo, el ex vicepresidente del Consejo del Poder Judicial y actual magistrado de la Sala Segunda José Luis Manzanares decidiese abstenerse de participar en las deliberaciones. Manzanares, que ha llegado a afirmar que una absolución del ex ministro de Interior José Barrionuevo -procesado en el caso GAL- no demostraría su inocencia o que llamó al secretario de organización del PSOE Cipriá Ciscar,"amigo de asesinos y ladrones", dijo que a su vuelta a la Sala Segunda se abstendría de enjuiciar el caso GAL.

En una entrevista a Época, Manzanares afirmó sobre el caso GAL: "Lo que más me gustaría es, primero abstenerme y luego, obedecer a la Sala correspondiente que entendiera que no tengo motivos para hacerlo. O sea, si de mí depende, procuraré no entrar en ese asunto ...".

Según fuentes del Supremo, si Manzanares formalizase hoy su abstención, la Sala Segunda levantaría la sesión y sometería la decisión de Manzanares a la convalidación de la Sala de Gobierno del Supremo, y sólo después se estudiarían los recursos pendientes. Manzanares dio a entender ayer que no se abstendría, pero no se pronunció con rotundidad. Fuentes -de los defensores indicaron ayer que no tenían previsto presentar "hoy" una recusación contra Manzanares.